28 de septiembre de 2008 - 00:00
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Ventilan 140 hechos de desmadre administrativo
Aunque habría existido una autorización superior para usar los fondos en un destino distinto, no hay documentación que justifique los gastos. El daño patrimonial causado al erario provincial es de casi 2 millones de pesos.
El affaire en Educación desató el escándalo cuando ocupaba la gobernación Arnoldo Castillo y se convirtió en uno de los hechos de corrupción que marcaron más profundamente su gestión.
Para los investigadores, los imputados produjeron al actuar de esa manera el quebrantamiento de la tutela y control público en que los caudales se hallaban, conforme a las disposiciones vigentes, al desconocerse el destino efectivamente dado a los mismos.
Es decir, el juez José Antonio Carma, que intervino en la investigación del hecho, interpretó que más allá de existir una orden superior que permitía el uso de dinero perteneciente a la cuenta sueldos para el pago de gastos corrientes, dichas operaciones carecen de documentación que avale su destino, por ende su legitimidad.
Sólo en el caso de Moreno y de Rubén Wencio Delgado, actualmente separado de la causa por razones de salud, se advierte el libramiento de 47 cheques por distintos valores, algunas exiguas y otras importantes, que fueron cobrados por empleados o funcionarios del mismo Ministerio de Educación. Dichos valores representaron una pérdida para el Estado provincial de 143.978,74 pesos.
A favor de Moreno, las pericas practicadas durante la investigación preliminar de los hechos determinaron que en siete de los cheques librados alguien falsificó la firma de quien entonces era el director de administración del Ministerio de Educación.
Estos casos, una muestra de la totalidad de la causa, evidencian lo que ya entonces se consideró un verdadero desmadre administrativo, del que algunos obtuvieron pingües ganancias.
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