lunes 6 de abril de 2026

Proveedor, ante la Justicia

Aseguró que su empresa, La Dorada, vendió un poco más porque tenía mejores precios. Dijo que está dispuesto a declarar ante la Justicia, pero que se investigue de arriba hacia abajo.

El ex proveedor del Estado Andrés Augusto Canil, dueño de una de las empresas que más facturó durante la gestión del gremialista Víctor Brandán en la Subsecretaría de Acción Social, aseguró que se encuentra a total disposición de la justicia para aclarar cualquier situación vinculada con el festival de compras directas que habilitó el polémico decreto 1.544, firmado a fines de 2000 por el entonces gobernador Oscar Castillo. De todas maneras, dijo que la Justicia debe investigar de arriba para abajo, que quienes tienen cosas para aclarar son los funcionarios de aquella época y los que sacaron rédito de aquella situación.

Canil, ex titular de la firma La Dorada, se presentó ayer en forma espontánea en el Juzgado Federal, donde se investiga la posible evasión impositiva por parte de varias firmas que se dedicaron a la pingüe actividad de venderle alimentos, colchones y otros productos al Estado provincial entre el 2000 y 2003. Según aseguró, su presencia en el tribunal obedeció a un cambio de domicilio, porque me llegaban notificaciones al lugar equivocado.

No tengo ningún problema en presentarme ante la Justicia las veces que sea necesario, ya que considero que estoy en condiciones de colaborar, testificar o aportar todo lo que se me solicite, porque solamente se trata de una actividad comercial con la gestión del ex gobernador (Oscar) Castillo, cuando la provincia necesitaba asistir a miles de comprovincianos que atravesaban una durísima situación debido a la crisis nacional que se vivía en ese momento. Investigación

A partir de publicaciones realizadas por este diario se iniciaron dos causas en la justicia provincial contra ex funcionarios y ex proveedores del Estado por el posible delito de fraude contra la administración pública. Pero, además, la Administración General de Ingresos Brutos puso bajo la lupa la intensa actividad comercial que realizó un grupo menor de empresas con el área de Acción Social.

Amparados por el polémico decreto 1.544, que elevó sustancialmente el monto para realizar compras directas, estas firmas facturaron al Estado provincial aproximadamente 32 millones de pesos en un tiempo acotado. En el Juzgado Federal de Catamarca se investiga la posible evasión impositiva por parte de empresarios, mientras que en la AFIP Regional Tucumán se tramita un expediente penal tributario.

Consultado sobre su situación en las causas iniciadas por las compras directas durante la polémica gestión de Brandán, Canil afirmó que es la misma que la de otros proveedores, con la diferencia que nuestra empresa vendió un poco más porque tenía mejores precios.

Al preguntársele si se encontraba vinculado con la causa que se tramita en el Juzgado Federal por posible evasión impositiva en contra de varios empresarios, Canil afirmó que tiene conocimiento de dicha investigación únicamente por las publicaciones, pero que hasta el momento no fue citado formalmente. Me parece bien que se determine la operatoria de cada empresa y su relación con el Estado, que en el caso de nuestra firma está todo acreditado, remitos, facturas y todo lo que se necesita para una operación comercial seria, añadió.

Canil negó que La Dorada formara parte de un pool de empresas que compartían un rédito común, como también que haya existido una ruptura en la supuesta sociedad. Cada firma se administraba en forma individual y no se compartía ningún tipo de ganancia común, afirmó.
Que se investigue -Se dice que usted pertenecía a un pool de seis o siete empresas que eran manejadas por un mismo empresario y que concentraba todos los negocios. ¿Es así?

-Su pregunta es capciosa y tengo la sensación de que tienen una especie de obsesión con mi persona. Siempre me pegaron durísimo y mi firma no respondía a ningún sector. Lo que me llama poderosamente la atención es por qué no se investiga más objetivamente esta causa, o sea de arriba hacia abajo, y no al revés. Le repito, nuestra firma no respondía a ningún pool de empresas o como usted las quiera llamar...-¿Entonces cómo se justifica el cobro por parte de usted de varios valores en el banco de diferentes firmas, según el informe de las auditorias?

-No tengo que justificar nada ante ustedes, que me difaman personalmente. Lo que tenga que aclarar se lo hará ante la justicia...-Si se trataba de un negocio redituable, ¿por qué su empresa y otras no siguieron comercializando con el Estado?

-Porque el actual gobierno tiene sus propios proveedores y debe ser que tienen mejores precios. Lo que sí le puedo decir con seguridad es que nosotros no vendíamos comida para chanchos.-Según las constancias, las ventas eran millonarias, con un promedio de 300 mil pesos por empresa mensuales...

-Sí, pero usted no se olvide de la crisis que vivía el país, y aun así todos los catamarqueños tenían un bolsón de alimentos. De todas maneras eso no me corresponde aclarar a mí, sino a los funcionarios de aquella época, desde el gobernador, ministro y hasta candidatos que sacaban réditos de la situación.
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