El tribunal de la Cámara Penal de Primera Nominación decidió ayer adelantar el reinicio del juicio por el affaire en Educación y realizó una audiencia a partir de las 18. El motivo de la habilitación del horario vespertino fue ante el temor de que se realizaran presentaciones para declarar nulo el proceso oral, debido a que ayer se cumplían 10 días corridos de suspensión del juicio.
Aunque el miércoles se había informado que el debate continuaría hoy, ayer a la mañana el tribunal emitió un decreto para llamar a todos los involucrados y dar continuidad al debate que estaba suspendido desde el lunes 15 de septiembre, cuando el fiscal Jorge Silva Molina recusó al camarista subrogante Jorge Álvarez Morales.
Y debido a que una vez abierto el juicio oral no puede suspenderse por un plazo mayor a 10 días -de lo contrario todo lo actuado debe declararse nulo y volver a iniciar el debate-, el tribunal consideró que podría haber presentaciones en ese sentido si la suspensión se prolongaba hasta hoy. Al respecto, en el decreto firmado ayer se especifica que hay una disparidad de criterios interpretativos en cuanto a ese cómputo del término de suspensión, ya que no queda claro si son días corridos o hábiles los que deben contarse.
Por ello, y para evitar más controversias, se ajustó el criterio a la primera opción.
A las 18, continuó la lectura de la requisitoria de acusación en la que están narrados los hechos endilgados a los cinco imputados: Héctor Ricardo Moreno, Norma Barroso, Omar del Valle Brizuela, Oscar Pérez y Jorge Anselmo Nieva. El sexto imputado, Rubén Wencio Delgado, quien era el que más cargos en su contra acumulaba, fue separado del debate tras la presentación de un certificado médico. Todos los acusados enfrentan cargos por el delito de peculado, que es el que cometen los funcionarios públicos al sustraer o desviar fondos públicos cuya custodia sea su responsabilidad.
De las 254 páginas que tiene la requisitoria, hasta anoche se habían leído sólo 30, por lo que se especula que sólo la lectura se extenderá hasta la semana que viene.
El caso comenzó a investigarse en 1995, cuando la Fiscalía de Estado, a través de una auditoría detectó maniobras irregulares en la Dirección de Administración del Ministerio de Educación. Luego de 13 años, el hecho llegó a juicio en medio de una gran polémica originada justamente por el extenso tiempo en el que el la causa estuvo parada en la Cámara Penal N° 1.
