El diputado Guido Lorenzino presentó ayer una denuncia ante el jurado de Enjuiciamiento para iniciar ante la Legislatura bonaerense un proceso contra el juez de garantías Nicolás Schiavo, quien había dejado libre al principal acusado del cuádruple crimen de Campana.
Schiavo había dictado la prisión domiciliaria -controlada por una pulsera magnética- contra Ángel Fernández, principal acusado del crimen del matrimonio compuesto por Marcelo Mansilla y Sandra Rabago, como así también de los hijos de la pareja, Agustín de 12 años y Milagros, de 8.
La denuncia la radicó el diputado provincial oficialista Lorenzino y ahora comenzará una causa para destituir al magistrado en cuestión.
En tanto, el secretario permanente de enjuiciamientos y funcionarios de la provincia de Buenos Aires, Ulises Giménez, señaló en declaraciones a una señal de cable que el trámite para iniciar el jury contra Schiavo continuará con la notificación al titular de la Corte Suprema de Justicia bonaerense y al presidente del Senado de la provincia de Buenos Aires.
Luego se hará el sorteo del jurado -se elegirán cinco jueces- y a partir de ahí se expiden para saber si hay jurisdicción y así proceder en tal sentido.
En torno a las causas que derivarían el jury sobre Schiavo, Lorenzino denunció al funcionario por incumplimiento de los deberes inherentes al cargo, más de irregularidades graves en los procedimientos a su cargo, que son dos tipos que están establecidos en la ley como causales de remoción del magistrado.
Acá había más de un elemento como para evitar este beneficio, explicó el diputado en diálogo con Radio 10, al tiempo que remarcó: Yo creo que hay elementos más que suficientes para que esta persona deje de ser juez.
Lo que se le imputa a Schiavo es que haya otorgado la prisión domiciliaria para un hombre que estaba acusado de violación y homicidio, y que ahora está sindicado como el principal autor material del cuádruple crimen de la familia Mansilla.
El legislador del Frente para la Victoria consideró que Schiavo tuvo un mal desempeño que implicó irregularidades y una falta grave.
El sumario de recolección de pruebas tiene un tiempo límite de 90 días y posteriormente se elevan las actuaciones al presidente de la Corte Suprema, quien en un plazo de 30 días tiene que informar al denunciante, a la Comisión Bicameral y la Procuración General.
Éstas deben asumir su papel de acusador, como así también al magistrado para que haga su defensa y tras 15 días de deliberación, se resuelve la situación.
