La decisión de otorgar libertades condicionales siempre generan polémicas, aunque existen casos extremos como el del juez de Garantías Nº 5 de San Martín, Nicolás Schiavo, que benefició al principal acusado de haber cometido el cuádruple crimen de Campana, Ángel Fernández (ver página 32). Entre sus decisiones polémicas se incluye la liberación de dos violadores.
El 16 de febrero de 2007, el juez Schiavo -que estaba a cargo en forma interina del Juzgado de Garantías Nº 3 de San Martín- otorgó a Fernández el beneficio de estar en una lista de espera, para conseguir el arresto domiciliario con monitoreo electrónico en una tobillera.
El principal acusado de haber cometido el cuádruple crimen de Campana está imputado en una causa por tenencia de municiones y arma de guerra, pero el 13 de julio de 2007 obtuvo el beneficio del arresto domiciliario, a pesar que esa disposición está contemplada sólo para personas con problemas de salud o mayores de 70 años.
Además, el magistrado tiene dos polémicos antecedentes en cuanto a liberaciones, ya que otorgó ese beneficio a un violador serial y a un albañil acusado de abusar de una nena de 13 años, según indica un matutino porteño.
La ex directora de Cultura y Educación bonaerense y actual diputada oficialista, Adriana Puiggrós, pidió su juicio político al Consejo de la Magistratura bonaerense por el beneficio que el juez otorgó al albañil, pero dicho pedido terminó siendo rechazado.
Uno de los casos emblemáticos ocurrió el 12 de marzo de 2007, un albañil fue acusado de violar a una chica de 13 años, que concurría a la Escuela Nº 51, de José León Suárez, pero el juez lo liberó a los tres días por falta de pruebas.
