La causa tuvo errores durante la instrucción y un fiscal fue separado. Los imputados fueron detenidos el 7 de julio de 2006 y la causa todavía está en etapa preparatoria.
Víctor Daniel Blasco (23) y César Raúl Salazar (31), dos hombres oriundos de Buenos Aires que fueron detenidos luego de perpetrar un asalto a mano armada, cumplieron más de 24 meses tras las rejas sin que se fije fecha para que sean sometidos a juicio oral. Ante esta situación, a través de su abogado defensor solicitaron el pedido de cese de prisión preventiva, ya que el Código Procesal Penal y hasta tratados internacionales establecen garantías para que una persona sea juzgada en un plazo razonable (2 años).
Los imputados fueron detenidos durante la madrugada del 7 de julio de 2006, horas después de perpetrar un atraco en la cantera El Cerrito ubicada a unos 12 kilómetros de la localidad de Esquiú -La Paz-, donde habían sustraído $ 4.000 en efectivo que estaban en una caja fuerte además de un celular y un costoso reloj. Previamente, habían encañonado y maniatado al hijo del propietario, Pablo Garriga. Del atraco habría participado un tercer sujeto, oriundo de Catamarca, quien se encuentra prófugo y con orden de detención.
Los delincuentes huyeron del lugar en el vehículo que habían llegado y se llevaron también una camioneta Ford F100 de los damnificados. Sin embargo, en el afán de huir, perdieron el control del rodado y lo volcaron a un costado de la ruta provincial Nº 20. Ello los demoró, ya que tuvieron que volver a encontrarse con el otro automóvil, un Renault 21, que había tomado otra dirección.
Finalmente, dado que la policía pudo ser alertada minutos después del atraco, los delincuentes fueron cercados por los uniformados, y así se logró su detención. Los sujetos tenían en su poder parte del dinero, las armas y otros elementos que involucraban a prófugo.
Una vez que quedaron detenidos, los imputados estuvieron 18 meses sin que la causa se elevara a juicio por lo que denunciaron al fiscal de Recreo. Luego, por orden de la Procuraduría de la Corte de Justicia, el caso fue puesto en manos del fiscal de instrucción Juan Pablo Morales, quien en febrero pasado y tras un breve trámite elevó las actuaciones.
El defensor de los acusados, Luciano Rojas, se opuso a la decisión del fiscal subrogante y el expediente está en la Cámara de Apelaciones.
Ahora bien, el pasado 7 de julio se cumplieron los dos años establecidos como plazo máximo para que una persona esté privada de su libertad sin un juicio, por lo que en teoría deberían recuperar su libertad. Sin embargo, Rojas explicó que el trámite podría extenderse varios meses más ya que de la Cámara de Apelaciones tienen que mandar copias certificadas de los 3 cuerpos del expediente; de ahí, el juez de Recreo le tiene que correr traslado al fiscal Morales para que conteste la vista, o sea que cuando el expediente llegue a Recreo, va a tener que volver a la Capital y después volver otra vez Recreo para que el juez resuelva.
Ahora, la Justicia se encuentra ante la disyuntiva de liberar a dos peligrosos delincuentes, quienes están imputados por el delito de robo doblemente calificado, por ser en lugar despoblado y en banda y por el uso de armas de fuego.
