Ordenan acelerar las causas por delitos de lesa humanidad

Lo decidió el tribunal de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. Pide que se investiguen los hechos posteriores al secuestro de los hermanos Ponce y su sobrino Julio Burgos. Los jueces ordenaron la indagatoria inmediata de Menéndez.

28 de julio de 2008 - 00:00

La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán recomendó al Juzgado Federal de Catamarca acelerar y profundizar las investigaciones en relación a los delitos de lesa humanidad cometidos en Catamarca durante la última dictadura militar. En una resolución a la que este diario tuvo acceso los jueces del tribunal de alzada también agravó la situación del ex jefe de inteligencia del Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada, Darío Otero Arán, y ordenó al juez federal Ricardo Antonio Moreno que cite lo antes posible a declarar en calidad de imputado al ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, recientemente condenado a prisión perpetua por encabezar la represión ilegal en varias provincias durante los años de plomo en Argentina.

Otero Arán fue procesado por encubrimiento agravado de la desaparición forzosa del gremialista Francisco Ponce, ocurrida el 6 de abril de 1976. El auto interlocutorio, firmado por el juez Ricardo Antonio Moreno el 24 de abril de 2006, fue apelado tanto por los defensores del imputado como por el fiscal federal Santos Reynoso y por la querella particular que encabeza el abogado Guillermo Díaz Martínez.

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Recientemente, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán consideró a Otero Arán un herramienta más del plan sistemático de represión implementado en Catamarca a través del RI 17 y lo procesó por privación ilegítima de la libertad en calidad de autor mediato, un delito que se castiga con prisión o reclusión perpetua y que podría poner fin a la excarcelación de la que actualmente goza el encartado.

La decisión del tribunal tucumano, que tiene jurisdicción sobre el Juzgado Federal de Catamarca, se plasmó en una extensa resolución en la que se realizaron una serie de recomendaciones al tribunal inferior, tales como dar cumplimiento a las medidas de prueba y los pedidos de indagatoria requeridos por el Ministerio Público Fiscal y también por la querella, en particular la citación de testigos y de imputados.

Puntualmente el tribunal ordenó que se cite a declarar en calidad de imputado, en el menor tiempo posible, a Luciano Benjamín Menéndez, quien encabezó la represión ilegal en nueve provincias argentinas a través de la Jefatura del Tercer Cuerpo de Ejército con asiento en Córdoba. Lucena

Los jueces del tribunal superior también revocaron el auto de procesamiento en contra del ex jefe del RI 17, general (re) Carlos Lucena, quien había sido imputado por privación ilegítima de la libertad seguida de muerte agravada. Ahora Lucena fue acusado formalmente de privación ilegítima de la libertad seguida de muerte en calidad de autor mediato.

Como en el caso de Otero Arán, se consideró que en esta etapa del proceso existen pruebas suficientes como para sospechar que Lucena formó parte del andamiaje de un plan sistemático de represión ilegal implementado en la provincia a través de la guarnición militar que estaba a su cargo. En el mismo sentido, en la resolución los jueces consideraron que debía imputársele por los secuestros seguidos de muerte de Yolanda Borda y del ingeniero Roberto Horacio Bugatti, ambos detenidos ilegalmente en la provincia durante el año 1976.

En relación al estado de la investigación, el tribunal de alzada consideró que falta investigar lo vinculado con posibles delitos cometidos en el tramo posterior a la detención de los hermanos Ponce y de su sobrino Julio Genaro Burgos, como las condiciones en las que éstos estuvieron detenidos -posiblemente en centros clandestinos de detención- y sobre la cadena de responsabilidad del personal militar, de seguridad y políticos con funciones en Catamarca durante la ultima dictadura.