11 de junio de 2008 - 00:00
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Yatzkaier también negó los cargos por fraude
Mantuvo una postura similar a la de Osvaldo Iglesias, que declaró el lunes último.
Según la acusación, entre 1997 y 2004, cuando el directorio de EDECAT lo integraban Taselli, Iglesias, Cuerdo y Yatzkaier, se tomaron una serie de créditos que hicieron crecer en forma importante el pasivo de la empresa. El primero de esos créditos fue por 7 millones de pesos, pero según los denunciantes, no obra en la documentación administrativa de la empresa qué destino tuvieron.
En los años posteriores se siguieron tomando créditos para cancelar los anteriores hasta que finalmente, una empresa de dudosa trayectoria, repartió las acreencias entre varias firmas que están directamente vinculadas con Taselli. EDECAT se endeudó así en más de 30 millones de pesos.
Indagatorias
Sólo dos de los cuatro imputados que tiene la causa pudieron ser indagados respecto de las maniobras. Ni Yatzkaier ni Iglesias negaron la existencia de los créditos y el endeudamiento de la firma concesionaria. Pero sí aseguraron que ese nivel de decisiones no estaba dentro de sus funciones.
Los otros dos acusados son el es síndico José Luis Cuerdo y Sergio Taselli, el polémico empresario que creció a la sombra de las privatizaciones de los años ’90. Sin embargo, a través de una serie de recursos y apelaciones lograron aplazar la indagatoria del polémico empresario, pero todo indicaría que los caminos terminarían cerrándose y no se descarta que en los próximos días, finalmente se siente en el banquillo de los acusados.
Taselli fue sistemáticamente acusado de vaciamiento de las empresas que quedaron bajo la órbita de su grupo empresarial. Casos emblemáticos como los Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, y el control de la empresa ferroviaria Roca y Belgrano, donde su paso terminó en retiros escandalosos.
En Catamarca, el desempeño al frente de la concesionaria del servicio de energía eléctrica no fue mejor. El incumplimiento en las inversiones programadas y que por contrato debía cumplir, las sospechas de maniobras para fraguar mediciones de calidad del servicio y evitar sanciones, y la aplicación de tarifas ilegales en perjuicio de miles de usuarios son algunas de las más evidentes infracciones en las que incurrió la privatizada.
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