Permanecen impunes los casos de corrupción estatal
Entre las causas emblemáticas figuran las compras directas realizadas durante la gestión de Víctor Brandán en Acción Social, el Megafraude y el affaire en Educación. La gestión de Sergio Taselli al frente de EDECAT también dejó su huella negativa.
Casi todas las causas abiertas por casos de corrupción en el Estado provincial permanecen impunes. La mayoría transita los más intrincados vericuetos judiciales por cuestiones formales y a varios de los funcionarios o ex funcionarios sospechados ni siquiera se los imputó o indagó por los hechos de los que están acusados.
Uno de los casos emblemáticos es el del ex subsecretario de Acción Social, el gremialista Víctor Brandán, quien hace un año dejó la banca de diputado que le otorgaba fueros parlamentarios y todavía no fue citado por la Justicia para responder por el desmadre de compras directas que tuvo lugar durante su gestión.
La causa se encuentra radicada en la Fiscalía de Instrucción N° 4, hasta hace poco a cargo de Patricia Raquel Olmi, quien reiteradamente solicitó al Tribunal de Cuentas un informe definitivo de la auditoría realizada sobre la polémica gestión, sin éxito alguno. Aun así, un informe preliminar del TC dejó en claro que se hizo un uso abusivo del polémico decreto 1.544, firmado por el entonces gobernador Oscar Castillo, que elevó a 350 mil pesos el monto para realizar compras directas por parte del organismo cuyo objetivo es paliar las necesidades más elementales de los catamarqueños en condición de indigencia.
En diciembre del año pasado, hace poco más de un año, El Ancasti anunciaba la reactivación de la causa contra Brandán y otros ex funcionarios del área Acción Social por las polémicas compras directas.
Cuando la causa se inició el titular de la UOCRA, en Catamarca, gozaba de la inmunidad parlamentaria, por lo que el caso pasó a manos del entonces juez de control de garantías Jorge Rolando Palacios, quien en el 2005 solicitó sin suerte a la Cámara de Diputados el desafuero del principal sospechoso, a quien se le endilgaba malversación de caudales públicos y fraude en perjuicio de la administración pública.
En el informe remitido a la Cámara baja, que contenía un análisis de los elementos de prueba existentes en el expediente, se sostenía que entre septiembre y diciembre de 2003, el juez destacó la inexistencia de organización y previsión en la adquisición de alimentos destinados a la población y resaltó la imposibilidad de determinar en forma fehaciente si los elementos habían sido efectivamente recibidos por los presuntos beneficiarios.
También subrayó que al no existir licitación, se observa que todos los proveedores en todos los expedientes resultan comunes y que no se aplicaron los principios generales de toda contratación: concurrencia, publicidad, igualdad de posibilidades de rango constitucional.
Palacios se basó en testimonios de varios empleados y ex empleados del área de Acción Social y en la auditoría del TC para sospechar que Brandán, con personal a sus órdenes entre los que se encuentran familiares y amigos de su entorno perfectamente identificados por los testigos, implementando la metodología del temor, avasallando los elementales principios establecidos por el derecho administrativo para el contrato de suministros e inclusive favoreciendo a empresas proveedoras del medio que obtuvieron finalmente pingües ganancias, encabezó un verdadero aquelarre de maniobras ilícitas que en su momento el Ministerio Fiscal deberá investigar.
El tiempo transcurrido desde la finalización de la gestión de Brandán como legislador provincial pasó sin pena ni gloria: la entonces fiscal Olmi a cargo de la causa no lo citó para indagarlo por los graves hechos de corrupción de los que está acusado y hoy el expediente se encuentra en manos de la nueva titular de la Fiscalía de Instrucción N° 4, Alicia Elizabeth Cabanillas. Es que Olmi asumió recientemente como integrante de la flamante Cámara Penal N° 3.
Igual suerte que la causa Brandán corrió la iniciada contra otros ex funcionarios del área Acción Social en el gobierno de Oscar Castillo, a los que también se les reprocha haber abusado de los alcances del polémico decreto 1.544, entre ellos Carlos Colombo y Sergio Figueroa.
En ese caso, el fiscal Marcelo Sago consideró que los delitos que se podía endilgar a ambos ex funcionarios es el de incumplimiento de los deberes de funcionario público y que al momento de recibir el expediente, en el 2004, éstos habían prescripto.
Sin embargo, cuando solicitó el archivo al juez Jorge Palacios, éste lo devolvió y ordenó realizar una investigación más exhaustiva, ya que consideraba que existían otros delitos sobre los que había que profundizar la investigación. Cursos sin alumnos
Otro de los emblemas de la corrupción estatal es el Megafraude en Desarrollo Social, organismo que patrocinó y financió cursos de especialización y capacitación que organizaron las fundaciones Jóvenes en Progreso e Ideia. La matrícula de asistentes a dichos cursos fue sobredimensionada o, en algunos casos, los eventos ni siquiera se llevaron a cabo.
La causa acumuló una decena de imputados, entre ellos el entonces subsecretario de Desarrollo Social, Pablo Córdoba Molas; el ex director de Políticas Juveniles, Ariel Regina, y los titulares de las fundaciones cuestionadas, Carlos Arriazu y Hugo Diamante, además de funcionarios de las áreas Desarrollo Social, Contable y Tesorería de la provincia.
La causa fue elevada a juicio pero el juez de garantías Jorge Palacios desincriminó a varios de los acusados. Patricia Olmi, la fiscal a cargo de la investigación apeló la resolución y la Cámara de Apelaciones en lo Penal hizo lugar al reclamo: separó a Palacios y ordenó que se confeccione una nueva resolución en el Juzgado de Garantías N° 1, recientemente cubierto por Héctor Rodolfo Maidana. 12 años de olvido
Entre los fraudes millonarios que dañaron el erario provincial se destaca el cometido en 1995 en el área de Educación, entonces a cargo del ministro Luis Varela Dalla Lasta. En 1996 el entonces juez de instrucción José Antonio Carma elevó la causa a juicio con seis imputados: Rubén Wencio Delgado, Norma Barroso, Héctor Moreno, Omar del Valle Brizuela, Oscar Pérez y Jorge Anselmo Nieva. Todos están acusados en mayor o menor medida de cometer unos 140 hechos de peculado por 1,9 millones de pesos.
Luego de doce años de ser elevada a juicio, hace un par de meses, el tribunal de la Cámara Penal N° 1 inició el debate en contra de cinco de los seis imputados, ya que Delgado fue separado de la causa por razones de salud.
Tras la lectura de la extensa requisitoria fiscal de elevación a juicio, de indagarse a los acusados y de escuchar algunos testimonios, el plenario volvió a fojas cero porque se enfermó el presidente del tribunal, Roberto Dionisio Mazzucco. Hoy la causa camina por la cornisa de la incertidumbre, ya que debe conformarse el nuevo tribunal y luego resolverse cuestiones previas.
