En el escrito también ofrece una versión de sus actividades entre las 9 y 10 del 24 de octubre pasado, día en que presuntamente asesinaron a Rocío Ubilla. Ahora el fiscal Maidana debe decidir con qué entidad admite el escrito presentado por la defensa.
El cabo de policía Manuel Páez ratificó ayer que es ajeno al homicidio de la adolescente Rocío Ubilla, al confirmar que la firma inserta en el escrito presentado por la defensa le pertenece. De esta manera, la declaración, en la que además ofrece una versión de lo que hizo entre las 9 y 10 del martes 24 de octubre último -cuando se habría cometido el crimen-, quedó incorporada a la causa, aunque resta saber si el fiscal Héctor Rodolfo Maidana la declarará admisible y qué entidad le dará.
Páez fue trasladado antes de las 18 de la Fiscalía de Instrucción Nº 2, en Junín al 600, donde permaneció, al menos media hora, a la espera de que se cumpla la medida de reconocimiento de firma. Posteriormente arribaron al lugar los defensores Ramón Robledo y Raúl Barrionuevo, quienes también habían firmado el escrito que presentaron el lunes pasado y que este diario publicó en exclusivo.
Páez está acusado del delito de homicidio simple. Está sospechado de ser el autor del terrible homicidio de Rocío Ubilla, una adolescente de 15 años que fue asesinada el 24 de octubre pasado, pero cuyo cuerpo sin vida fue encontrado, en avanzado estado de descomposición, el lunes 30 del mismo mes, es decir seis días después.
La posible participación de Páez en el hecho, según la investigación que lleva adelante el fiscal Maidana, está dada por testimonios que lo ubican la fatídica mañana junto a la víctima, a bordo de su motocicleta Yamaha YBR 125 de color azul, camino hacia el sur por avenida Manuel Navarro, precisamente en dirección al descampado donde posteriormente fue hallado el cadáver de la joven.
En su contra también obrarían indicios de mala justificación que inclinan las sospechas sobre su persona. Es que Rocío Ubilla fue declarada desaparecida el martes 24 y no se supo de su muerte sino hasta el lunes 30.
El martes, la menor salió de su casa con destino al Colegio “Fidel Mardoqueo Castro”, pero al llegar al establecimiento encontró las puertas cerradas por desinfección. Entonces retornó a su casa de avenida Manuel Navarro al 3.500, en el barrio Santa Marta, pero no pudo ingresar porque la puerta estaba cerrada y su familia, que dormía en la parte trasera de la casa, no la escuchó.
Entonces decidió caminar por la avenida hacia el sur, en dirección a un quiosco ubicado a unas dos cuadras de su casa. Allí, según los testigos, habría sido alcanzada por Páez, que la invitó a subir a su moto.
Silencio
A pesar de que en los días siguientes la búsqueda de Rocío por parte de sus familiares fue frenética e incluyó la pegatina de carteles con su rostro, Páez no mencionó en ningún momento haberla visto y a cambio acercó testigos que incorporaron hipótesis que posteriormente fueron descartadas, como la presencia de un automóvil color azul Francia con chapa terminada con el número 4. Éste es precisamente uno de los indicios que lo convirtieron en sospechoso.
En cambio, en su declaración no dijo haber visto a Rocío Ubilla y señaló que entre las 9 y 10 de la mañana realizó tareas en el hogar, compartió unos mates con su cuñado y posteriormente buscó en su motocicleta a su esposa, que realizaba trámites relacionados con la pensión graciable de su madre en una oficina pública ubicada en avenida Belgrano al 400.
En el transcurso de ese tiempo -asegura- recibió llamadas y mensajes en su teléfono celular, actualmente secuestrado en el marco de la causa. Por eso, el propio imputado pidió que se investiguen dichas comunicaciones y que se oficien a las empresas telefónicas para ello.
Para la próxima semana se espera que el fiscal Maidana decida si acepta como declaración de imputado el escrito presentado por Páez. Asimismo, se aguarda el arribo de pericias que fueron solicitadas a otra provincia y la culminación del protocolo de autopsia.
También podrían ser contestados los oficios girados a las empresas telefónicas, que podrían develar el enigma que existe sobre las llamadas que recibió y que se emitieron desde el celular de la adolescente asesinada. Todos estos elementos son los que servirán al fiscal en caso de que decida solicitar la prisión preventiva del acusado.
