El inédito sumario ordenado por la Corte para deslindar las responsabilidades de dos jueces y tres fiscales en la extinción de la acción penal por la Tragedia de la Alcaidía es un reflejo institucional más valorable por su carácter unilateral.
La defección judicial a la que la propia Corte atribuyó la prescripción de una causa de tamaña magnitud no provocó ninguna reacción entre las formaciones políticas, las organizaciones civiles y el ámbito académico catamarqueños, que asistieron indiferentes a un hecho que hubiera precipitado un escándalo en cualquier lugar del mundo. Notoria distracción, defección complementaria y funcional a la de los operadores judiciales de quienes orientan el debate público, que tal vez explique más de una de las circunstancias que signan el destino provincial. Es como si hubieran prescripto expedientes como los de las tragedias de Cromagnón o de Once sin que a nadie se le moviera un pelo.
El unánime mutismo frente a la evidencia y admisión de una negligencia oprobiosa era un salvoconducto político ideal para que la Corte se abstuviera de cualquier movimiento adicional ¿Quién habría de reprochárselo? La mera orden de elevar las actuaciones para su análisis, asentada en la sentencia de la prescripción, hubiera bastado en una escena tramada por la impasibilidad. Nobleza obliga: eligió avanzar con un sumario que enfoca a cinco miembros de la corporación judicial, que tendrán la oportunidad de demostrar inocencia negada a los cuatro policías sobreseídos por mero paso del tiempo. Involucrados menos insignificantes no tuvieron que esperar tres lustros para que les concedieran el sobreseimiento.
Las juezas de Menores que habían permitido que los cuatro adolescentes muertos permanecieran detenidos más allá de los plazos legales y en pésimas condiciones de seguridad, Ilda Figueroa y Ana María Nieto, quedaron libres de culpa y cargo en 2016. El mismo año prescribió la causa por incumplimiento de los deberes de funcionario público abierta contra Javier Silva, que se desempeñaba como ministro de Gobierno en el momento de las muertes.
En siete años, el caso fue expurgado de próceres. Los policías acusados de homicidio culposo agravado, en cambio, quedaron a expensas de la buena voluntad de jueces y fiscales.
Listo para ir a juicio en 2018, el expediente entró en el derrotero de suspensiones que agotó los plazos razonables para la persecución del delito.
La acusación que inicia el sumario contiene un detalle delicioso por su eficacia para exponer la negligencia selectiva. Uno de los cinco policías acusados, Carlos Daniel Leiva, murió el 15 de marzo de 2019 y recién fue sobreseído el 28 de julio de 2022, más de tres años después.
Corresponde destacar que el sobreseimiento de Leiva no se haya producido por extinción de la acción penal, sino por extinción de su vida. Como sea, su peripecia ilustra sobre el interés que tenían los jueces y fiscales en el traumático caso. La familia informó al juez sobre el absurdo de mantener acusado a un fallecido en febrero de 2020.
Quiere decir que durante un año nadie en el Juzgado o en la Fiscalía le había pegado una ojeada al expediente que permitiera advertir que había muerto uno de los procesados. Los datos disponibles no permiten confirmar si al menos le pasaron un plumero durante ese período, aunque los funcionarios se tomaron su tiempo y lo sobreseyeron después de dos años.
Tardía, esta deferencia procesal le habrá integrado el alegato del reo ante los tribunales de San Pedro, pero tal vez hubiera preferido defenderse acá en la tierra con los argumentos que planteó uno de los abogados y los elementos por los que la Justicia Civil condenó al Estado a indemnizar a los deudos de las vícimas: las lamentables condiciones de la Alcaidía de Menores impidieron auxiliar a los encarcelados.