El mundo se encuentra conmocionado por el desastre ocasionado en Venezuela a partir de los dos grandes sismos consecutivos del pasado 24 de junio, el primero de 7,2 de magnitud y el siguiente de 7,5, que sacudieron el centro-norte del país. Las cifras que el Gobierno venezolano informa periódicamente denotan la dimensión de la tragedia. Mientras escribo estas líneas, se contabilizan al menos 920 muertes y más de 3.300 heridos. Además, se calcula que hay más de 50 mil personas desaparecidas o aún no localizadas y la Organización Internacional para las Migraciones estimó que hasta 6,76 millones de personas en Venezuela podrían verse afectadas por los sismos, cerca de dos millones de ellas solo en Caracas.
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Las políticas públicas integrales salvan vidas
Por Guillermo Andrada (*)
Ese trágico día, apenas una parte de los usuarios de Android recibió una advertencia en sus teléfonos antes de sentir los temblores. Según se informó, Google no habría anticipado el inicio del terremoto. Su sistema detectó las primeras señales físicas del movimiento, procesó datos enviados por móviles cercanos al epicentro y notificó a personas ubicadas en zonas donde todavía no habían llegado las ondas más peligrosas. Ningún sistema de alerta temprana predice un terremoto. Lo que hace es detectar lo que ya comenzó y transformar segundos en oportunidades. En una catástrofe, unos pocos segundos pueden separar la vida de la muerte.
La tragedia humanitaria en Venezuela, su falta de sistemas formales de alerta temprana y las herramientas instrumentadas en distintos lugares del mundo (como Japón, Estados Unidos o Chile) nos obligan a mirarnos a nosotros mismos. Argentina no es ajena a sismos que causaron estragos. Quizás el más recordado sea el de Mendoza de 1861, que devastó la capital provincial y causó miles de muertes. En 1985, esa provincia sufrió otro movimiento sísmico que se cobró vidas y dejó cientos de heridos. En mi provincia, Catamarca, en 2004 sufrimos un terremoto de magnitud 6,4 que provocó una víctima fatal, heridos y daños materiales.
En materia de prevención y respuesta, Argentina cuenta con herramientas valiosas. Existe el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, integrado dentro de la Agencia Federal de Emergencias y del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR). Además, del Ministerio de Economía depende el Servicio Geológico Minero Argentino, del que forma parte el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).
En una reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado de la Nación, realizada el 3 de junio pasado, consulté a funcionarios del ENACOM si existen protocolos de coordinación con su red de dieciocho mil radioaficionados ante una eventual emergencia en la que se cayeran otros medios de comunicación con la ciudadanía. La respuesta fue que la reglamentación local del Reglamento General del Servicio de Radioaficionados prevé la obligación de prestar sus redes en caso de emergencia, a pedido de la autoridad competente, para ayudar a mitigar una catástrofe. También indicaron que trabajan con el SINAGIR en un protocolo para incorporar cursos de intervención de radioaficionados en situaciones de emergencia.
Esto nos muestra que Argentina no parte de cero. Tenemos instituciones, conocimiento técnico, redes de comunicación y experiencia acumulada. Pero todavía estamos en deuda con una política pública integral que ponga en valor un verdadero sistema de alertas tempranas, capaz de detectar una amenaza e informar en forma eficiente, inmediata y masiva a la población ubicada en la zona de impacto.
Por ello, junto con mis pares Jesús Fernando Rejal, Carolina Moisés y Fernando Salino presentamos en 2025 el proyecto de Ley (S-0684/25) para crear el Sistema de Alertas Tempranas de Sismología (SiNASi), con el propósito de garantizar a la población el acceso inmediato y efectivo a información ante la posibilidad de actividad sísmica. La iniciativa propone que el sistema, dependiente del INPRES, envíe alertas automáticas a la población mediante aplicaciones móviles, sirenas, radio, televisión y otros dispositivos tecnológicos. El objetivo es que las personas puedan conocer, en tiempo real, la localización, la magnitud y el intervalo de tiempo previo a la llegada de las ondas más destructivas.
Además, el año pasado promovimos con los senadores Rejal y Salino un proyecto para declarar la importancia de que el país elabore políticas públicas orientadas a la generación de programas de prevención del riesgo, en el marco de la iniciativa “Alertas Tempranas para Todos”, la cual es coordinada por organismos de Naciones Unidas y entidades internacionales y propone garantizar que todas las personas del mundo estén protegidas por sistemas de alerta temprana para 2027.
Sin embargo, cabe advertir que estos mecanismos de alerta por sí solos no son suficientes. La tecnología salva vidas cuando está integrada a una cultura de prevención. Durante mi mandato como diputado provincial en Catamarca impulsé esta agenda, promoviendo la realización de simulacros periódicos ante emergencias y la confección de un manual de actuación familiar que cada hogar debía tener a disposición. Aquella iniciativa partía de la premisa de que la protección civil no puede quedar encerrada en las oficinas del Estado. Tiene que llegar a la escuela, al barrio y a cada familia. En una emergencia, saber cómo actuar, dónde resguardarse, cuáles son los puntos de encuentro, qué documentación y elementos básicos tener preparados, cómo comunicarse y cómo proteger a niños, adultos mayores y personas con discapacidad puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte.
Ese antecedente provincial hoy encuentra continuidad en el ámbito nacional con la propuesta de creación del SiNASi. La escala cambia, pero la convicción es la misma: la prevención debe organizarse antes de la catástrofe, porque cuando la emergencia llega ya no hay tiempo para improvisar.
Por eso, el SiNASi debe complementarse con la enseñanza sobre prevención y protección civil ante emergencias, siniestros o desastres en establecimientos educativos públicos y privados de todos los niveles; simulacros periódicos en escuelas e instituciones públicas; campañas de difusión y concientización a través de medios de comunicación; preparación hospitalaria; capacitación de equipos de emergencia; canes de búsqueda y rescate; preparar centros de salud, dotándolos de recursos humanos y tecnología adecuada; logística federal; coordinación permanente con provincias y municipios; reforzar redes de comunicación redundantes; y establecer protocolos claros de actuación antes, durante y después de la emergencia.
Implementar políticas públicas integrales es imprescindible para mitigar las pérdidas humanas de este tipo de desastres naturales. Los sismos pueden advertirse una vez iniciados, pero no puede evitarse la fuerza destructiva de la naturaleza cuando desata estos cataclismos. Lo que sí puede evitarse es que el Estado llegue tarde, que la población no sepa qué hacer o que los sistemas de comunicación fallen cuando más se los necesita.
No hay política fiscal responsable si se desmantelan las capacidades que permiten salvar vidas. En tiempos en que se recortan recursos para investigación, ciencia y tecnología en nombre del superávit fiscal, corremos el riesgo de creer que la prevención es un gasto. La realidad demuestra exactamente lo contrario: es una inversión orientada a preservar vidas.
La catástrofe venezolana debe conmovernos, pero también debe interpelarnos. No para mirar desde la distancia el dolor de otro pueblo, sino para preguntarnos qué debemos hacer hoy para que una tragedia semejante no nos encuentre desprevenidos mañana.
Los terremotos no pueden evitarse. La improvisación, sí. Las fallas geológicas no se legislan. La prevención, sí. La fuerza destructiva de la naturaleza muchas veces es inevitable. La pérdida de vidas humanas, muchas veces no. Por eso insistimos con el SiNASi. Porque una alerta temprana no es un lujo tecnológico. Es infraestructura pública para la vida. Es ciencia aplicada a la protección ciudadana. Es federalismo preventivo. Es Estado presente antes de la emergencia, no solamente después del desastre.
Argentina debe prepararse. Catamarca lo sabe. Las provincias cordilleranas lo saben. Después de lo ocurrido en Venezuela, ya no hay excusas para mirar hacia otro lado.
(*) Senador nacional por Catamarca e integra el bloque Convicción Federal.