La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró, por unanimidad, la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, por los que el Gobierno de Javier Milei suprimió las facultades del Estado para controlar los valores de las cuotas de la medicina prepaga. Es la primera vez que el máximo tribunal invalida una parte del megadecreto dictado a pocos días de iniciada la actual gestión. La noticia es relevante por lo que resuelve, pero quizá lo sea más por lo que deja al descubierto.
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La excepción convertida en método (gracias a la Corte)
El fundamento central es contundente. Según el tribunal, “los considerandos del DNU 70/2023 no hacen siquiera el intento de mostrar que exista una relación concreta entre la emergencia económica y social esgrimida por el Poder Ejecutivo y la necesidad de suprimir las facultades de control de la autoridad de aplicación”. En otras palabras, no había necesidad ni urgencia que justificaran desregular las cuotas de las prepagas por decreto. El artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional habilita los decretos de necesidad y urgencia solo en circunstancias excepcionales, cuando resulta imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes.
La primera aclaración es necesaria: el fallo produce efectos únicamente en el caso individual. Se trata de una acción de amparo que María del Carmen Bobbio interpuso contra Swiss Medical, tras un aumento cercano al 110 por ciento en su cuota entre diciembre de 2023 y febrero de 2024.
La Corte resolvió lo que a esta altura resulta evidente y es compartido por la enorme mayoría de los constitucionalistas: que el DNU 70/2023 modificó o derogó una cantidad inmensa de normas sin demostrar, en cada caso, las razones de necesidad y urgencia que la Constitución exige. El decreto avanzó sobre la Ley de Alquileres, sobre las leyes de Abastecimiento y de Góndolas, sobre el régimen de sociedades y el de las empresas públicas, sobre la Ley de Tierras Rurales, sobre el Código Aduanero y sobre buena parte de la legislación laboral, por mencionar solo algunos ejemplos.
Pasaron casi tres años hasta que la Corte se pronunció sobre uno solo de sus aspectos, y lo hizo sobre uno de los más acotados. Resulta muy difícil justificar esa demora en un tribunal cuya función es precisamente la de custodiar la supremacía constitucional. No hace falta ser constitucionalista para advertirlo; basta ser un analista medianamente lúcido de la realidad para comprender que la gran mayoría del contenido del decreto no puede sostenerse en argumentos de necesidad y urgencia. Eran, con toda claridad, materias para proyectos de ley que se debatieran en el Congreso y se aprobaran o se rechazaran con las mayorías que la Constitución prescribe.
Si un decreto que reformó cientos de normas puede regir durante años sin que la máxima instancia judicial se expida sobre el conjunto, el mensaje para cualquier gobierno futuro es claro. Un oficialismo sin mayoría en el Congreso, del signo político que fuere, tendrá a la vista un atajo, que es el de gobernar por DNU. Así, la excepción prevista por la Constitución se convierte en método y el equilibrio entre poderes pierde su sentido.
