Uno de los temas que se tocaron el jueves en Jujuy, durante la apertura de la decimoquinta edición del seminario Litio en Sudamérica, fue la necesidad de que las empresas contribuyan al robustecimiento de la licencia social para la minería estrechando lazos con las comunidades en las que desarrollan sus actividades. “Si quieren producir, si quieren que avancen los proyectos, apuesten al territorio. No se olviden de esa pata, la social”, dijo el presidente de la Cámara Minera de Jujuy, Arturo Pfister.
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La deserción de los inversores
La sugerencia no podría haber sido más oportuna. Apenas 24 horas antes, en Fiambalá, proveedores mineros habían bloqueado el ingreso a la planta de la litífera Zijin-Liex denunciando el incumplimiento por parte de la firma de la legislación que garantiza trabajos y contratos para los catamarqueños.
El piquete coronó una semana de reclamos que incluyó un corte de la Ruta Nacional 60, pero se inscribe en una secuencia mucho más larga que ha terminado afianzando en la sociedad una convicción: con la compañía china es indispensable mantenerse en guardia, porque aprovecha cualquier distracción para sacar ventajas adicionales a las que ya tiene.
El caso es paradigmático, pero no aislado.
La intensidad con que la promoción oficial postula a la minería como panacea del desarrollo ha disparado exponencialmente las expectativas de insertarse en el negocio, a través del empleo directo o por los contratos de provisión de bienes y servicios.
En ese cuadro, conductas como la de la litífera china erosionan la pata social que reclamaba Pfister, extienden y arraigan la impresión de que las mineras solo vienen a extraer y encastran de modo muy inconveniente con la presunción de que para relacionarse con ellas hace falta la venia de quienes controlan las cámaras de proveedores.
Una perla de avaricia
El Estado provincial ha hecho inversiones muy significativas en rutas y energía para facilitar la extracción de litio en la cordillera tinogasteña y la puna. Zijin-Liex figura entre las principales beneficiarias de esta política. Su retribución a tantos favores han sido conflictos sistemáticos con trabajadores y contratistas, aderezados con un permanente estado de alerta ventajero que le permite detectar cualquier resquicio legal o aflojamiento de los controles para obtener réditos adicionales a los que ya tiene.
La Aduana denunció a la firma en 2023 por sobrefacturar importaciones de maquinaria vía Hong Kong, “modus operandi” clásico para conseguir en esa época dólares a precio oficial a través del SIRA, un circuito que está en la mira judicial por presuntas operaciones de corrupción multimillonarias.
El disparador de la última y enésima crisis es toda una perla de avaricia empresaria. La Cámara de Proveedores Mineros de Tinogasta reprocha que la compañía escolte sus camiones con vehículos propios en lugar de contratar camionetas de la zona.
Al parecer a los chinos ni se les ocurre reflexionar sobre los perjuicios que sus miserables reducciones de costos producen en la licencia social. El corte sobre la Ruta 60 que dio inicio a la escalada y el bloqueo a la planta del miércoles fue explícito en este sentido: “Sin desarrollo local, no hay minería”.
El prontuario de la firma oriental no fue inconveniente para que le habilitaran un RIGI de 709 millones de dólares para una segunda planta de que proyecta. Promete 4.406 puestos de trabajo directos e indirectos.
A pillar. Mientras tanto, economiza unos mangos en alquiler de camionetas aunque detone un conflicto cuyo despeje, para no perder la costumbre, quedó a cargo del Gobierno.
Angurria confesa
Hace un año, la presidenta del grupo francés Eramet, Christel Bories, que exporta litio desde la puna salteña, lo dijo sin anestesia en una entrevista con La Nación. “No estamos tan interesados en la Argentina; estamos interesados en el litio, primero que nada”, dijo. Una deserción anunciada de antemano que no consideraba contradictoria con sus exigencias: fin del cepo, estabilidad jurídica e infraestructura pública para llegar a las “zonas remotas”. La chancha, los veinte y la máquina de hacer chorizos.
Lo de las camionetas escolta y cada incidente similar opera como confirmación de una angurria insaciable.
El entusiasmo oficial se sustenta en los números. Según la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera, la producción argentina de litio creció 62% en 2025, hasta 120.000 toneladas de carbonato equivalente. La semana pasada, la Casa Rosada aprobó el ingreso de Agua Rica al RIGI con una inversión de 4.000 millones de dólares e informó la novedad entre los resultados de la Semana Argentina en París. Todos lo éxitos franceses estuvieron relacionados con la minería y la energía, cuyas rentabilidades están blindadas por el RIGI hasta en la obligatoriedad de someter cualquier litigio a la jurisdicción judicial norteamericana.
Mientras más se agitan estas desmesuradas cifras y la promesa de prosperidades asiáticas, más gente se pone en la fila para tratar de morder. Es lícito, pero para entender el nivel de la fiebre hay que remitirse a los antecedentes. Los rindes multimillonarios que consiguió el Estado en términos de regalías y utilidades de YMAD por la explotación de Bajo La Alumbrera no se tradujeron en mejor calidad de vida para la sociedad y, cuando el yacimiento agotó sus existencias más rentables, la pobreza quedó agravada por los vicios de la plata fácil. Funcionarios e intendentes enriquecidos dejaron en el inconsciente colectivo la idea de que hay que aprovechar el desembarco de los megainversores para salvarse, antes de que el pájaro, ya comido, vuele. De ahí la ansiedad por prenderse en el auge del oro blanco.
El martes, la hermanísima Karina Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y los gobernadores Raúl Jalil y Gustavo Sáenz inauguraron la Planta II de Sal de Oro, de POSCO, en el Salar del Hombre Muerto. Faltó el intendente de Antofagasta de la Sierra, Mario Cusipuma. La senadora por el departamento, Eliana Marisol Soriano, explicó la ausencia: “POSCO está trabajando íntegramente con Salta, no con Antofagasta”.
En Andalgalá, la cámara de proveedores se reunió de urgencia porque el Informe de Impacto Ambiental del proyecto MARA proyecta la fase de construcción por las rutas de Belén y Santa María.
Peajes
En este contexto de expectativas desbordadas se inscriben las sospechas de manipulación. Cunde la presunción de que el acceso a los contratos con las mineras depende de la venia de cámaras de proveedores con acceso restringido, convertidas en aduanas paralelas.
Olfateando una exacerbación de la controversia, Río Tinto anunció un portal de proveedores exento de intermediarios y exhibió cifras. En Fénix, sobre el Salar del Hombre Muerto, adjudicó 310,7 millones de dólares a proveedores argentinos, 153,6 millones de los cuáles fueron a firmas catamarqueñas.
Una ventanilla pública con cifras a la vista parece más conveniente que el permiso de quienes controlan las corporaciones de proveedores. El diputado provincial Francisco Monti presentó un proyecto para adecuar la legislación provincial a este propósito.
Nuevos horizontes plantean nuevos desafíos.
La fiebre minera en curso demanda compromiso para administrarla no sólo del Estado, sino también de las megaempresas. Fiambalá podría funcionar como una advertencia en este sentido, para mermar la tolerancia a las deserciones.