De un planteo realizado por la comunidad del Pueblo Diaguita de Andalgalá puede inferirse la existencia de maniobras irregulares o delictivas montadas a partir del reconocimiento oficial como comunidad originaria.
jueves 2 de abril de 2026
Precedente. La del falso inca Pedro Bohórquez es una de las historias más fascinantes de Catamarca.
De un planteo realizado por la comunidad del Pueblo Diaguita de Andalgalá puede inferirse la existencia de maniobras irregulares o delictivas montadas a partir del reconocimiento oficial como comunidad originaria.
El Pueblo Diaguita de Andalgalá tiene once años de vigencia como comunidad originaria reconocida. Según su cacique, Luis Castro, otro grupo obtuvo del Gobierno el mismo rango, con una denominación similar.
Se trataría, según la denuncia del cacique, de una especie de escisión de la comunidad originaria, acaudillada por un tal Juan Carlos Allosa.
“Nos enteramos que en Personería Jurídica Juan Carlos Allosa, exintegrante de la comunidad Diaguita y expulsado, había conformado otra comunidad similar, con el agravante de que puso el nombre de las autoridades de nuestra comunidad”, dijo Castro.
Este Allosa, aseguró Castro, “inventó 12 comunidades con el nombre de Kakán”.
Una docena de agrupaciones, nada menos. El tipo debe padecer alguna patología fundacional.
“Dentro de la inscripción inserta al hijo de nuestro Curaca sin consultar. Cuando consultamos, el abogado de Personería nos dijo que estas comunidades están reconocidas. Nosotros hemos demostrado ahora en Personería que esto es ilegal y lamentamos que no se controle. No pueden venir todo el mundo anotarse como comunidad porque es fraude”, consideró, razonablemente, Castro.
Convendría que el Gobierno abra el ojo ante esta proliferación de comunidades originarias. No para obstaculizar su conformación, obviamente, sino para impedir que la noble política de reconocimiento de la identidad de los pueblos originarios sea desvirtuada por vivillos y malandras que nunca faltan, siempre atentos a nuevas oportunidades para sus incursiones.
No hay que subestimar fenómenos como el que se desarrolla en la Patagonia con los mapuches, donde en una confusa y violenta ensalada convergen legítimos y bien intencionados herederos de la estirpe con aprovechadores y violentos que persiguen vaya a saberse qué objetivos.
En el caso catamarqueño, parece que hay divergencias dentro de las propias comunidades originarias por la posición a sostener frente a la minería, que dan paso a la separación de facciones que tramitan un reconocimiento aparte.
“Hace 11 años que estamos reconocidos, pero lo que no queremos es que vengan más comunidades por el tema minero a generar problemas. Nosotros no estamos en contra ni a favor de la minería. El pueblo de Andalgalá se dividió y nuestra lucha es ancestral. No estamos en contra de la minera, tampoco la celebramos, solo queremos saber si la minera hace mal o no”, dijo Castro.
El cacique diaguita impugnó administrativamente a los herejes y anunció una denuncia penal por la irregularidad. Sostiene que la Dirección de Personerías Jurídicas no es demasiado estricta en la evaluación de los requisitos para otorgar los reconocimientos, establecidos por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
El asunto pasa por determinar quiénes tienen el derecho de reclamar el reconocimiento como comunidad originaria, ya que tal estatus supone prerrogativas. En el afán por aparentar tolerancia y amplitud cultural, parece que los organismos oficiales se largaron a repartir estas habilitaciones sin demasiadas reservas, de modo que a cualquier avivado se le hace fácil iniciar los trámites para ver si obtiene chapa de cacique. Y si lo logra, se coloca en un escaque clave para exigir y sacar provecho particular.
Estos incidentes se destapan en Catamarca, que tiene entre sus historias más fascinantes la del falso Inca Pedro Bohórquez, talentoso embaucador de tiempos de las guerras calchaquíes, que se hizo pasar por descendiente de los incas con el nombre de Inca Hualpa y fue ejecutado por garrote en 1667.
Capaz que aparecieron epígonos.n