Discapacidad: la ley de prestaciones vuelve a estar en riesgo
Por el padre Pablo Molero
Un gran cambio para las personas con discapacidad se logró en el año 1997 con la aprobación de la ley de prestaciones. Ya no tenían que mendigar su cobertura a las obras sociales o al estado, ni salir a buscar ciertos elementos de apoyo ni la medicación específica. Esta normativa fijó un sistema prestacional que estableció exigencias para los prestadores y un nomenclador universal que permitiera su desarrollo. Las personas y los prestadores ya no tenían que recurrir a la caridad o a mendigar como sucede en otros países.
Desde el inicio de este gobierno se ha querido voltear este logro diciendo que no es obligación del Estado cubrir un problema particular o familiar. Así consideran que es la situación de discapacidad. Esto lleva a un arréglese quien pueda, el que no cuente con los medios necesarios queda dejado a su suerte. Un gran retroceso.
El año pasado el Congreso votó contra los artículos del Presupuesto 2026 que producían una marcha atrás para este sector y aprobó la emergencia en discapacidad. Hoy el gobierno de Javier Milei en el proyecto del Presupuesto 2027 vuelve a atacar los logros obtenidos. Si ellos son aceptados muchos experimentarán un retroceso en su camino de desarrollo y de inclusión y muchos más seguirán experimentando que no son importantes, que no hay lugar para ellos.
Desde el inicio de este gobierno se ha querido voltear este logro diciendo que no es obligación del Estado cubrir un problema particular o familiar. Así consideran que es la situación de discapacidad.
Con la falta de trabajo las obras sociales no contarán con recursos para responder a sus obligaciones, las prepagas seguirán enriqueciéndose con aumentos enormes y brindando cada mes menos atención y el Estado dará migajas en vez de buscar aumentar la respuesta que la Constitución y las obligaciones asumidas internacionalmente lo obligan.
Es cierto que las diversas jurisdicciones deben comprometerse con las personas con discapacidad que viven en ellas, pero el Estado nacional no debe deslindar en ellas esta obligación sin destinar los recursos necesarios y analizar cómo progresivamente cada provincia puede desarrollar una política acorde con la dignidad de estas personas y oportunidades de inclusión.
Trabajemos para que se rechacen estas propuestas que van a empobrecer a muchos. Volvamos a ponernos de pie para exigir que haya recursos para todos y en particular para quienes más necesitan. Un país pobre necesita principalmente oportunidades de trabajo, de salud, de educación así como una justicia que haga cumplir a los ciudadanos y a los funcionarios públicos sus obligaciones.
*El padre Pablo Molero es coordinador del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. También es el responsable Comisión para las Personas con Discapacidad del Arzobispado de Buenos Aires.
