En Catamarca, donde la expectativa de las grandes inversiones mineras convive con la necesidad de fortalecer el entramado productivo provincial, numerosas empresas locales buscan abrirse camino como proveedoras de los proyectos incorporados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Sin embargo, mientras esas firmas intentan reunir los requisitos para participar de negocios que pueden representar una oportunidad de crecimiento, el Gobierno nacional acaba de adoptar una decisión que amenaza con reducir sus posibilidades de acceder a ese mercado.
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Amenaza para los proveedores locales
Este lunes, el Boletín Oficial publicó el Decreto 1366/2026, mediante el cual se introdujeron modificaciones a la reglamentación del RIGI. Entre ellas, la más significativa, implica la flexibilización de las condiciones para considerar a una empresa como proveedora local y, por lo tanto, para que sus operaciones puedan computarse dentro del porcentaje de compras nacionales que deben realizar los grandes proyectos de inversión.
La norma, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo, establece un nuevo criterio para definir quiénes pueden ser considerados proveedores locales a los efectos del régimen. A partir de ahora, será suficiente con que una persona jurídica esté constituida y domiciliada en la Argentina, sin importar la nacionalidad o residencia de sus accionistas ni la composición de su capital social.
La modificación puede impactar negativamente entre las empresas locales. El RIGI establece que los proyectos adheridos deben procurar contratar empresas locales por un mínimo del 20% del monto destinado al pago de proveedores, siempre que exista oferta disponible y en condiciones de mercado. Hasta ahora, para que una empresa pudiera ser considerada local, debía reunir determinadas condiciones de participación de capital nacional. Ese requisito desaparece con la nueva reglamentación.
En términos prácticos, una compañía de capitales extranjeros que constituya una sociedad en la Argentina y preste servicios a un proyecto RIGI podrá ser considerada proveedora local. De ese modo, las compras que realice el emprendimiento a esa firma podrán computarse para alcanzar el porcentaje exigido, aunque sus propietarios sean extranjeros y las decisiones empresariales dependan de capitales radicados fuera del país.
La nueva disposición alcanza a las empresas que prestan servicios. En el caso de aquellas que suministran bienes, deberán seguir cumpliendo los criterios de origen nacional establecidos en el Anexo I del Acuerdo de Complementación Económica Nº 18 del Mercosur.
El cambio adquiere especial relevancia en Catamarca, donde el desarrollo de la minería a gran escala abre una disputa por la participación en las cadenas de abastecimiento. La provincia tiene proyectos incorporados al RIGI vinculados con el litio y el cobre, entre ellos Hombre Muerto Oeste, la expansión de Fénix, Tres Quebradas, Diablillos, Sal de Oro II y Agua Rica. Este último, integrado al esquema de desarrollo de MARA, representa una inversión proyectada de miles de millones de dólares. Se trata de emprendimientos que demandarán una importante cantidad de bienes y servicios: transporte, construcción, mantenimiento, alimentación, seguridad, logística, servicios profesionales y equipamiento, entre muchos otros rubros.
En ese contexto, al eliminar la exigencia de capital argentino para definir quién es proveedor local, el Gobierno nacional amplía considerablemente el universo de compañías que pueden beneficiarse de esa condición, sin establecer una prioridad para las empresas de capital nacional.
