martes 18 de enero de 2022

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a El Ancasti. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
EDITORIAL

¿Solución o más burocracia?

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a El Ancasti. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de noviembre de 2021 - 01:08 Por Redacción El Ancasti

Mediante decreto 746, el gobierno nacional creó el Gabinete para la Transversalización de las políticas en discapacidad. El objetivo del nuevo organismo, -que será presidida por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y reunirá a los ministerios nacionales y a los organismos relacionados con el tema- es implementar un abordaje integral para "el diseño, supervisión y ejecución de las políticas públicas nacionales" en la materia.

El proyecto fue impulsado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que se creó en 2017 y que hasta el momento no ha tenido una intervención que se recuerde, salvo la baja de 170.000 pensiones por discapacidad, algunas justificadamente pero la mayoría no, según el reclamo de las organizaciones relacionadas con la problemática

Nuestro país tiene abundante legislación que garantiza derechos a las personas con discapacidad: la Ley N. 24.314 de Sistema de Protección Integral de los Discapacitados, de 1994; la Ley 26.378 de adhesión a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobados mediante resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 2008; el artículo 66 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, de 2009; la Ley 26.653 de Acceso a la Información Pública a las personas con Discapacidad, de  2010; la Ley 26.858 de Personas con discapacidad acompañadas por Perro Guía o de Asistencia, de 2013; la Ley 27269 de Certificado Único de Discapacidad, de 2016; además de otras normas de concientización sobre el autismo, de protección de la Salud Mental, y de cuidado integral de la salud de las personas con enfermedades poco frecuentes. 

La vigencia de variada y abarcativa legislación no es garantía de que los derechos reconocidos se respeten según el espíritu de las leyes, como bien lo saben las personas con discapacidad en la Argentina.  El desafío del Gabinete para la Transversalización de las políticas en discapacidad será, precisamente, advertir por qué razón hay un déficit en las políticas públicas y cómo pueden solucionarse. Sin embargo, es preciso advertir que no siempre las estructuras transversales aportan soluciones; a veces solo suman confusión. 

La eficacia de las políticas no depende solo de la organización o la buena voluntad, requiere también de un presupuesto que las sostenga. En ese sentido, preocupa que, según un informe elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, el proyecto de presupuesto 2022 contempla una reducción presupuestaria real del 33% para el Programa "Acciones de Integración de las Personas con Discapacidad", a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad, respecto del destinado a este año. 

Habrá que ver si la iniciativa del Gabinete para la Transversalización, que en principio es atractiva en sus propósitos, es eficiente para mejorar la calidad de las políticas o, simplemente, una estructura burocrática más sin impacto virtuoso en la realidad. El tiempo resolverá el dilema.

Temas
Seguí leyendo
LO QUE SE LEE AHORA
la variante omicron no salva: cinco razones para evitarla

Te Puede Interesar