Nadie niega lo difícil que resulta controlar los contagios del nuevo coronavirus, lo complicado de prevenir su propagación. Pero una cosa es que los casos se disparen a raíz de estas complejidades y otra muy distinta es que ocurra por negligencia, o por alentar comportamientos que faciliten la expansión de la enfermedad.
Lo que sucede en la provincia de Jujuy, por ejemplo, es demostrativo de lo afirmado. El lunes se conoció que más de la mitad casos de Covid-19 registrados el domingo en esa provincia -69 de los 134- fueron de trabajadores del ingenio Ledesma.
El sindicato de trabajadores azucareros hace bastante tiempo que viene insistiendo sobre la necesidad de que la poderosa empresa adopte medidas preventivas, como reducir de acuerdo a protocolos la cantidad de obreros en producción, o a otorgar licencia a trabajadores mayores de 60 años. Pero los directivos se niegan, con el argumento de que “todos los puestos de trabajo son esenciales para el adecuado funcionamiento” de la compañía.
Al parecer, según las denuncias gremiales, las situaciones más graves se dan en el traslado de los obreros rurales, que se realiza sin contemplar las más elementales medidas de distancia social: viajan amontonados en trailers, favoreciendo el contagio. En el último mes murieron siete trabajadores infectados de coronavirus y otros dos a los que no les hicieron el test, pero tenían síntomas compatibles con la enfermedad. Recién luego de estas muertes la empresa accedió a licenciar a los mayores de 60 años en algunas áreas de trabajo, pero no en todas.
El lunes se conoció un caso en la ciudad de Buenos Aires que, aunque individual, es representativo de lo que les sucede a muchos trabajadores. Un empleado de una empresa de seguridad, de 64 años, que formaba parte del grupo de riesgo ante la pandemia del coronavirus, fue obligado a ocupar su puesto de trabajo, mediante intimaciones formales, según denunció su familia, se contagió y murió de la enfermedad. A Miguel Ángel Olmedo, que así se llamaba, le faltaban solamente tres meses para jubilarse.
Hay muchos otros casos de trabajadores que son obligados, o presionados, a realizar trabajos que no están o no estuvieron autorizados en determinados momento de la cuarentena, y que los ponen en riesgo de contagios o incluso de muerte. El personal no registrado se ve más expuesto a este tipo de situaciones que los que están en blanco, y cuentan con más herramientas para reclamar por sus derecho, incluidos los que han surgido de manera excepcional en estos tiempos de pandemia.
Debería ser el sentido común el que prevalezca sobre algunas urgencias empresariales –como sucede en la inmensa mayoría de las empresas de la Argentina- a los fines de proteger la vida de los que realizan trabajos expuestos al contagio del virus. Si eso no sucede, están las herramientas legales para corregir los incumplimientos.n
12 de agosto de 2020 - 02:09