Los estragos que la pandemia está provocando en las economías de todos los países del mundo hacen aflorar las miserias que la “normalidad” suele esconder. También en la Argentina: millones de excluidos del sistema, que ingresaban a las estadísticas oficiales no precisamente por su visibilidad sino por la negación de su condición (no son trabajadores formales, no son beneficiarios de planes), asoman ahora en registros propiciados por el propio Estado para asistirlos en esta etapa de excepcionalidad.
El padrón de beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia blanqueó la existencia de millones de hombres y mujeres, que tienen además familias que mantener, que son actores sociales que se mueven en las márgenes del sistema. Trabajadores que viven de changas, de oficios de frecuencia ocasional, sin aportes jubilatorios, ni beneficios o protección social. Que se la rebuscan como pueden, estando casi todos ellos sumergidos en la pobreza y muchos en la indigencia.
El nuevo mapa de los excluidos del sistema que el IFE visibilizó y colocó en una base de datos es relevante como insumo para avanzar en políticas que permitan atacar estos males, promover la inclusión donde ahora solo hay marginación. Y estas políticas deben ser, en lo posible, de promoción laboral, generando fuentes de trabajo genuinas o favoreciendo que el trabajo en negro de formalice.
De todos modos, en el mientras tanto, porque el empleo no se genera de un día para el otro, sobre todo en un país que viene de varios años de recesión o retroceso económico, suba de la pobreza y el desempleo y ahora padece, como todas las naciones, los embates de la pandemia, resulta imprescindible que se generen políticas de contención social. Y que esas políticas sean universales, para evitar las prácticas clientelares tan dañinas y tan usuales en la política argentina.
El ministro de Desarrollo Social ha mencionado la iniciativa, para cuando la pandemia finalice y la economía empiece a recuperarse, de que el Estado nacional implemente de un ingreso universal para los sectores vulnerables, y así “garantizar un piso económico”.
La propuesta es audaz y ya se discute con algunos actores sociales importantes. La Iglesia apoya, en general, la medida. Beneficiaría a quienes no tienen ingresos registrados y sería una medida que atacaría básicamente a la indigencia. Resta discutir, por cierto, un detalle no menor: de dónde saldría el dinero para financiar el programa y darle continuidad.
En el Gobierno nacional creen que una vez que la economía empiece a funcionar, se implemente una reforma impositiva con sentido progresivo y se llegue a un acuerdo para el pago de la deuda externa, se logrará un repunte de la economía que permitirá la sustentabilidad de la iniciativa.
Por ahora es prematuro asegurar tal cosa. Es tiempo de pensar cómo puede implementarse para que no sea un proyecto asistencialista que procure solo réditos electorales y no el bienestar general de los que más sufren los embates de la crisis.
