No le falta razón a la gobernadora Lucía Corpacci cuando se queja de la medida dispuesta el año pasado por el gobierno nacional, en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de eliminación del Fondo Federal Solidario. Este fondo, también llamado popularmente “sojero”, porque se conformaba con un porcentaje de las retenciones a las exportaciones de soja, constituía hasta el año pasado una de las escasísimas fuentes de financiamiento con el que contaban el gobierno provincial y los municipios para realizar obras de infraestructura.
Por un lado, la recesión económica que sufre la Argentina ha provocado una fuerte disminución relativa de los recursos coparticipables y en consecuencia no es factible destinar recursos para obras de cierta envergadura de esa fuente de ingreso sin desequilibrar las cuentas fiscales. Por el otro, el Plan Belgrano ha demostrado, luego de más de tres años de prácticamente nulo impacto, que no es una alternativa que los gobiernos del norte argentino deban tener en demasiado en cuenta.
El tema de las obras –su ejecución o su ausencia- es siempre un argumento de campaña. El presidente Macri dijo hace unos días, cuando le preguntaron en una entrevista qué sentía gobernar un país en el que muchos chicos no tienen a veces un plato de comida, que lo angustiaba, pero que al menos ahora hay “un millón y medio de personas que tienen cloacas y antes no tenían y convivían literalmente con la mierda”.
Al respecto valen un par de aclaraciones. La mayoría de las obras de cloacas se llevaron a cabo en el conurbano bonaerense, de modo que el impacto en el interior del país en el rubro ha sido exiguo. Además, la ejecución de ese tipo de obras de infraestructura en el actual gobierno no ha sido una política específica, diseñada para cambiar la historia argentina por la envergadura de la inversión, sino que ha seguido la tendencia histórica de todos los gobiernos, que a medida que avanza la urbanización realizan obras de agua potable y agua.
Los datos oficiales permiten algunas precisiones que confirman lo dicho. La Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica informó que durante la gestión de Cambiemos el incremento de la cobertura de la población con agua potable fue del 1,6% y de 4,5% en el caso de las cloacas. Esa tendencia al crecimiento se advierte en los gobiernos anteriores también: entre 2010 y 2015 el avance de las cloacas fue del 9,2% y del 6% en el caso del agua. Por su parte, durante el periodo 2001-2010, según la información de los censos oficiales, accedieron al agua corriente 4.112.042 personas, cinco veces más que las 817.000 del periodo 2016-2019. Por la ausencia de noticas alentadoras en el aspecto socioeconómico el gobierno nacional difunde como hitos la realización de obras que forman parte de la obligación del Estado y que continúan la tendencia de las décadas anteriores, incluso en algunos casos con resultados desfavorables en la comparación.
El caso de las cloacas y el agua potable corrobora que las palabras, si están vacías de contenido, más temprano que tarde quedan desvirtuadas.
