Aunque figure inevitablemente en las promesas de la campaña electoral de casi todos los candidatos, la convocatoria al diálogo político entre el gobierno y la oposición o entre el gobierno y sectores gremiales, empresariales y sociales en la práctica funciona más como una puesta en escena que como una instancia capaz de transformar los intercambios en políticas estratégicas y con consenso.
Cuando llegó al poder, Mauricio Macri anunció que el diálogo sería uno de los pilares de su gestión, rompiendo con el aislamiento autoprovocado que caracterizó al gobierno nacional comandado por Cristina Kirchner. Pero si bien la apertura de las oficinas gubernamentales fue sustantivamente mayor que en la gestión anterior, los pobres resultados que habitualmente arrojan los encuentros entre funcionarios y otros actores de la vidas política y social de la Argentina hacen suponer que el objetivo principal de la convocatoria es la foto que se difunde posteriormente y no las conclusiones que puedan derivarse de las charlas.
Es que el diálogo político, si no está enmarcado en un contexto institucional, de poco sirve.
El gobierno que asuma en diciembre de este año, ya sea del signo político del actual o de la oposición, deberá enfrentarse a desafíos mayúsculos que demandarán consensos amplios para hacerles frente. El más grande de todos será el de la sustentabilidad de cualquier programa económico que se aplique en función del crecimiento exponencial que ha tenido la deuda pública en los últimos tres años. Desde el acuerdo con los fondos buitre hasta la actualidad, la gestión Macri ha emitido deuda por alrededor de 269.000 millones de dólares, lo que empujó la ratio de deuda sobre el PBI al 86 por ciento, mientras que en diciembre de 2015 era del 52 por ciento.
Sin contar la nueva deuda que se pueda contraer en el próximo período gubernamental, la Argentina deberá afrontar entre 2020 y 2023 vencimientos por 149.000 millones de dólares, lo que equivale al triple de los vencimientos que el gobierno de Cambiemos tenía, cuando asumió en diciembre de 2015, para el periodo 2016-2019.
No será el del pago de la deuda pública, por cierto, el único desafío de envergadura a enfrentar, aunque sí el más importante. Parece imposible pensar que el gobierno que surja este año de las urnas pueda gestionar con éxito sin grandes acuerdos con la oposición y los actores de la vida económica, gremial y social.
Tal vez las formidables dificultades que tendrán las nuevas autoridades en un contexto de crisis puedan ser asumidas como una oportunidad para instalar en la Argentina un modelo político de gobierno basado en el diálogo permanente, fluido y productivo, siempre en un marco institucional generado a tales efectos, que seguramente no eliminará las diferencias de perspectivas, pero sí permitirá consensos amplios y sustentables al menos sobre los grandes temas estratégicos.
Si el presidente que surja en los comicios de este año no promueve el diálogo institucional por vocación, es esperable que al menos lo haga por necesidad.