En medio de la crisis económica, el gobierno nacional ha ido dejando progresivamente de lado todas sus metas ambiciosas, enunciadas durante las campañas electorales y en el primer tramo de su gestión. Paradójico sería que retomase su consigna de Pobreza Cero en un contexto de profundo deterioro de los indicadores sociales, o que persistiese con augurios de una inminente lluvia de inversiones productivas luego de tres años de formidable especulación financiera que ha provocado una sangría de capitales sin precedentes en la historia argentina
La aspiración prioritaria que tiene hoy el gobierno es cumplir con la meta fijada en el acuerdo con el FMI: el déficit cero. Se trata, es necesario aclararlo, del déficit primario, sin contabilizar el pago de los intereses de la deuda, cuyos montos se han disparado exponencialmente desde 2016. Sólo en el corriente año el país deberá abonar más de 500.000 millones de pesos en concepto de intereses, algo así como el 3,6 por ciento del PBI.
El ajuste en las cuentas fiscales –producto de numerosas medidas, algunas de ellas con fuerte impacto social, como los despidos de trabajadores estatales o la pronunciada disminución de los subsidios- redujo notablemente los gastos respecto de ejercicios anteriores. Sin embargo, la meta del déficit cero peligra porque, como consecuencia de la recesión económica, la recaudación impositiva viene evidenciando desde julio del año pasado caídas en términos reales respecto de los mismos meses del año anterior.
Según un informe de la Fundación Capital, los ingresos se incrementaron nominalmente apenas un 27,4 por ciento en el último año, período en el que el índice inflacionarios orilló el 50 por ciento. La ecuación es simple y de sentido común: aunque bajen los gastos, si también se reducen los ingresos la meta del déficit cero será incumplible. La meta del déficit cero pactada con el FMI es una copia del acuerdo que la Argentina suscribió con el organismo internacional en los meses previos a la eclosión de la crisis del 2001. En aquella oportunidad, incluso, salió por ley del Congreso. El ajuste de los gastos en aquel momento fue tan brutal que la meta se logró varios meses, pero sumió a la economía en una recesión muy profunda con el desenlace por todos conocidos apenas unos meses después.
La posición del 2001 y la actual del FMI son idénticas. Sin embargo, en el 2000, un año antes de la ley del déficit cero impulsada por el gobierno de Fernando de la Rúa, el organismo de crédito había acordado ampliar un poco el déficit fiscal para posibilitar un crecimiento de la economía.
Suponer que el déficit cero es un programa económico es un error. Es una estrategia que, aunque se logre, cómo sucedió en el 2001, no garantiza ni sustentabilidad económica ni siquiera un flujo de inversiones productivas. La clave parece ser fijar como meta achicar el déficit, e incluso lograr superávit fiscal, pero no profundizando un ajuste que conduce a la recesión, sino generando los mecanismos para incrementar los ingresos a través de una recuperación productiva, del mercado interno y de las exportaciones. La experiencia virtuosa del período 2003-2005 parece ser un buen espejo donde mirarnos.
