El informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica (UCA) Argentina ratificó lo que ya se preveía: un exponencial incremento de la pobreza y la indigencia en la Argentina. El estudio indica que en el tercer trimestre de este año había 2.180.000 de pobres más que hace un año, y 161.000 personas que cayeron en la indigencia.
Los informes de la UCA adquirieron entidad a partir de la manipulación de las estadísticas oficiales perpetrada durante la gestión kirchnerista. Así como las consultoras privadas difundían los índices inflacionarios a través de legisladores de la oposición, la UCA lo hacía respecto de las cifras de la pobreza y la indigencia.
Durante 2002, la pobreza llegó a porcentajes inéditos: 56% según los informes del INDEC, que por entonces gozaba aún de credibilidad. En 2015 había bajado considerablemente respecto de la crisis anterior, pero no lograba perforar el piso del 25 por ciento. Cuando asumió el gobierno de Cambiemos, la UCA marcaba una pobreza del 28,7 por ciento. Y la actual, medida por la misma entidad, ya alcanza el 33,6 por ciento, lo que equivale a 13.600.000 personas.
El aumento de la pobreza y la indigencia significa siempre un golpe duro para cualquier gobierno, pero sobre todo para la actual gestión, que postuló como una de sus principales promesas la Pobreza 0, y más aún cuando el propio presidente, Mauricio Macri, pidió que su gobierno sea juzgado en función de si pudo o no bajar los índices en la materia.
Lo más preocupante es que los datos reflejan la situación del tercer trimestre de este año, que sin embargo no será tan malo como el último. Según los indicadores que ya se conocen de octubre y noviembre, la situación económica tiende a empeorar en un contexto de fuerte recesión provocado por el propio Gobierno nacional para frenar las corridas cambiarias y la inflación.
El propio informe del Observatorio de la Deuda Social lo advierte: “Mientras se mantenga el actual escenario recesivo, solo cabe esperar un aumento del desempleo, los trabajos de subsistencia y de la precariedad laboral y, por lo tanto, de las desigualdades estructurales que afectan al mercado de trabajo, con efectos directos sobre la pobreza”.
En el actual contexto, resulta imprescindible que se tomen medidas urgentes de contención social de los sectores de mayor vulnerabilidad. Pero para que los índices de pobreza e indigencia empiecen a bajar se requiere de políticas activas de reactivación del mercado interno y las exportaciones, y apoyo a pymes y microempresas, que son las unidades económicas capaces de generar más rápidamente empleo y recuperar paulatinamente niveles de productividad.
El problema es que tales medidas y políticas no son prioritarias en el esquema del programa de ajuste acordado entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional. Tal vez la inminencia del proceso electoral obligue a la actual gestión nacional a aplicar políticas heterodoxas, propias de un modelo que se encuentra en las antípodas del vigente. Pero para eso habrá que esperar.