Discapacidad y grieta

Las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad sostienen que como muchos de los que cobran esta pensión mínima pertenecen a sectores de alta vulnerabilidad, no cuentan con los recursos necesarios para hacer esta presentación en tiempo y forma, por lo que muy seguramente perderán el beneficio. 

Según la Red por los Derechos de las personas por la Discapacidad, el decreto es “una emboscada” para “poner a la gente en las fauces del león”. Denuncian que los requisitos son tan exigentes que muchas personas que realmente necesitan de esa pensión la perderán indefectiblemente. Entre los requisitos se menciona que el beneficiario debe tener una incapacidad del 76 por ciento o más, y ni él ni su cónyuge tener otros ingresos. Pero además se señala que no debe tener parientes que "estén obligados legalmente a proporcionarle alimentos" ni tampoco "poseer bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia". Como se puede observar, requisitos sumamente exigentes que se habían flexibilizado años atrás para permitir una mayor contención y que ahora se endurecen nuevamente.

El sentido común, que no siempre goza de prestigio en la actividad política, aconseja un tratamiento prudente en una temática tan delicada. Es deber del Estado determinar cuáles pensiones por discapacidad fueron bien otorgadas, con exigencias de cumplimiento obligatorio y un control exhaustivo, y cuáles representan un fraude al Estado, a las que habrá que dar de baja. Pero también lo es fijar parámetros razonables para su otorgamiento, teniendo como propósito contener a aquellas personas que por algún tipo de impedimento físico necesita imperiosamente de la asistencia pública para algo tan básico y elemental como subsistir.