La relación de los organismos internacionales con los países periféricos parece condenada a la bipolaridad. Estos organismos están integrados y conducidos en todos los casos por los países con mayor preso en el concierto internacional, pero a la hora de analizar la realidad de los países emergentes o subdesarrollados emiten conclusiones o recomendaciones diferentes, y hasta muchas veces contradictorias.
Como en las clásicas películas norteamericanas de suspenso, unos ofician de “policías buenos” y otros de “policías malos”. No habrá que esforzarse demasiado para entender que el Fondo Monetario Internacional actúa siempre de policía malo. Pero la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, asume en sus documentos y publicaciones un rol bien diferente, lanzando incluso advertencias y recomendaciones orientadas a morigerar las consecuencias de las políticas de ajuste que el Fondo propicia, a las que incluso cuestionan en algunos casos con inusitada severidad.
Con fecha del 12 de octubre pasado, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas publicó un documento en el que alertó respecto de las consecuencias sociales que traerán aparejadas las “medidas de austeridad” del plan económico consensuado entre el gobierno nacional y el FMI.
Una de las principales “preocupaciones” del mencionado Consejo es el recorte que el programa prevé en el gasto social, y en ese contexto le pidió al gobierno que encabeza Mauricio Macri que “examine las medidas adoptadas en respuesta a las crisis financiera”.
Lo novedoso es que en esta oportunidad el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas no sólo formuló un análisis general de la situación económica, sino que además, redactó “recomendaciones” concretas que la Argentina debería seguir para evitar la aplicación de las “recomendaciones” del Fondo o al menos para que éstas no sean tan dañinas.
Entre esas recomendaciones se encuentran: evaluar previamente los efectos sobre los derechos económicos, sociales y culturales de cualquier medida para responder a la crisis financiera a fin de evitar que tenga impactos desproporcionados en los grupos desfavorecidos; fortalecer la planificación y ejecución presupuestaria para evitar la infrautilización de los recursos; asegurar las líneas presupuestarias relacionadas con la inversión social en los grupos más desfavorecidos; hacer todos los esfuerzos para que en el presupuesto nacional no existan medidas regresivas y que contenga un enfoque de derechos humanos y género.
Para la ONU, a diferencia del FMI, las medidas regresivas sólo son compatibles con el Pacto Global de la ONU si son necesarias y proporcionadas. El organismo entiende que “la adopción de cualquier otra política o el hecho de no actuar resultaría más perjudicial para el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales”.
La diferencia entre los aportes del policía malo y el policía bueno es que los primeros, para el gobierno nacional, son de cumplimiento obligatorio, mientras que los de la ONU son apenas consejos. Enunciados tal vez para calmar las conciencias de la comunidad internacional ante el impacto del ajuste.