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Escándalo en La Rioja: denuncian que hay más de 1000 vacunados no esenciales

martes, 23 de febrero de 2021 · 12:15

Al menos seis integrantes del gabinete de La Rioja se vacunaron contra el Covid-19 bajo la categoría de "personal de salud", según denunció hoy el bloque de diputados de Juntos por La Rioja, opositor al gobierno de Ricardo Quintela. Los legisladores opositores indicaron que, en total y de acuerdo a lo planteado por los propios trabajadores de la salud que intervienen en el operativo, se habría vacunado de manera irregular a unas 1000 personas.

En el documento figuran identificados el ministro de Producción y Ambiente, Jesús Fernando Rejal; la secretaria de Justicia, Ana Karina Becerra; el secretario de Agricultura, Ernesto Salvador Pérez; el ministro de Vivienda, Tierras y Hábitat, Adrián Ariel Puy Soria; el administrador del Parque de la Ciudad, Miguel Ángel Asís; y el secretario de Estado, Raúl Nicolás Chacón. Todos tienen menos de 70 años.

A raíz del escándalo por el vacunatorio vip en Buenos Aires, los propios vacunadores riojanos alertaron haber inoculado a 1000 personas ajenas al sistema sanitario. Según la denuncia opositora, lo hicieron por miedo a sufrir las mismas consecuencias que el exministro de Salud, Ginés González García.

Los seis vacunados en cuestión, de acuerdo a los registros del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), no habrían accedido a las dosis por el orden de las prioridades, sino por formar parte del poder político. Incluso, fuentes cercanas al sistema de salud provincial indicaron a LA NACION que aún falta mucho personal sanitario por vacunarse.

El escrito está firmado por los diputados provinciales Juan Nicolás Amado Filippes, Mario Gustavo Galván, Jaime Roberto Klor, y Alfredo Eduardo Brigido. Ellos comparan la difusión de las declaraciones radiales de Horacio Verbitsky con un audio del periodista Carlos Scagnolari, en el que denuncia la vacunación de políticos y sus familiares.

Los representantes del bloque Juntos por La Rioja presentaron la denuncia penal por los posibles delitos de "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público", "malversación de bienes públicos" y "violación de medidas antiepidémicas".

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