La Justicia federal rechazó el intento del expresidente Mauricio Macri de evitar que se realice un entrecruzamiento de sus llamados telefónicos en el marco de la causa que investiga supuestas presiones al Grupo Indalo durante su gobierno.
La jueza María Servini rechazó la nulidad planteada por el abogado de Macri, Pablo Lanusse quien en un duro escrito había “apelado” la decisión de la jueza de avanzar en el pedido de pruebas.
En base a los argumentos del fiscal Guillermo Marijuan y tras la decisión de Servini, avanzará el informe solicitado a la Dajudeco que busca echar luz respecto al circuito de comunicaciones e impacto en antenas telefónicas en determinados momentos clave del desarrollo del expediente administrativo de la AFIP sobre Oil Combustibles y en la causa penal que derivó en la prisión de los accionistas de Indalo Cristóbal López y Fabián De Sousa.
“Respecto a las críticas introducidas en cuanto a la falta de proporcionalidad, razonabilidad, justificación e innecesariedad de la medida de prueba, los argumentos de las defensas son meramente dogmáticos y no se ajustan a las constancias reunidas a lo largo del expediente, además que no explican las razones por las cuales tales requisitos no se encuentran reunidos”, indicó la magistrada.
“El argumento utilizado por una de las partes, que no existe ´hecho´ a ser investigado ni pruebas que eventualmente lo respalden, amén de contradecirse a sí mismo, es una discrepancia en cuanto a la valoración probatoria efectuada por quien suscribe que para nada puede ser fundamento para afirmar que una medida de prueba es violatoria de garantías constitucionales”, fustigó Servini el planteo de Macri, luego de correrle vista a Marijuan.
“Habré de reiterar que la medida de prueba ordenada cumple con todos los requisitos necesarios para su dictado; el conocimiento de todo el universo de llamados resulta necesario a efectos de poder determinar si eventualmente hubo variaciones en los flujos de comunicaciones en las cercanía a los hitos individualizados por este Juzgado, como así también para poder determinar los abonados telefónicos que fuesen usados por los imputados y no estuvieran a su nombre”, concluyó el rechazo, “considerando la gravedad de los hechos que se investigan, que involucrarían a una parte importante de altos funcionarios del gabinete del anterior gobierno nacional”.