El juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó hoy al ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich, a quien había indagado el viernes pasado, en la causa en la que se investiga si se benefició en las concesiones viales otorgadas a empresas relacionadas con la familia del ex presidente Mauricio Macri.
Fuentes judiciales confirmaron que Dietrich fue procesado por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y le aplicaron un embargo de 500 millones de pesos cada uno sobre sus bienes.
En tanto, desde la 10 el juez le toma declaración indagatoria por videoconferencia al ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, también imputado en la causa.
Canicoba Corral, que deja su cargo esta semana, procesó ex director de Vialidad Nacional Javier Iguacel y el ex procurador del Tesoro de la Nación Bernardo Saravía Frías.
Ambos ex funcionarios habían presentado un escrito y se negaron a contestar preguntas. Al primer día hábil siguiente de sus indagatorias, el juez los procesó.
En la causa se investigan las presuntas maniobras fraudulentas entre Abertis, una corporación ligada a las concesiones viales en todo el mundo, y el Grupo Macri en los peajes de los principales accesos a Buenos Aires.
“Las maniobras defraudatorias y actos en violación a la ley vigente, que resultaron gravemente lesivas para las arcas del Estado, llevados a cabo por funcionarios públicos, en connivencia dolosa con particulares que intervinieron”, describió el juez Canicoba Corral cuando citó a indagatoria a los acusados en un expediente que se inició tras una denuncia de los diputados kirchneristas Rodolfo Tailhade, Adrián Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau.
Los denunciantes señalaron que las irregularidades comenzaron el 7 de diciembre de 2015, tres días antes de la asunción de Cambiemos en el poder. Ese día, Albertis presentó un reclamo por USD 1.100 millones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones que depende del Banco Mundial (CIADI).
Esa demanda fue utilizada luego como argumento por el gobierno nacional para renegociar la concesión, que le costó su cargo en Vialidad Nacional a la abogada Julieta Ripolli, quien se opuso a avalar la prórroga del contrato y denunció públicamente las presuntas irregularidades.
