La causa de las concesiones de los peajes podría tener a Nicolás Dujovne como un nuevo implicado. Esta situación está siendo investigada y si bien aún está en etapa preliminar, la numerosa documentación ya está siendo analizada en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral.
Lo que se investiga es que se haya contratado a un consultor privado para que evaluara si los nuevos contratos de la Panamericana y el Acceso Oeste eran beneficiosos o no para el Estado, algo que debe hacer el ministerio de Hacienda.
En ese entonces, el ministerio a cargo de Dujovne, no firmó el dictamen necesario que avalara los requisitos de los futuros contratos, tal como indica la ley. En su lugar, Vialidad Nacional -bajo la dirección de Javier Iguacel- contrató a un consultor externo, quien elaboró un informe sobre la conveniencia o no para el Estado de las nuevas condiciones de concesión.
Los delitos que investiga el juez de instrucción número 6 hasta el momento son fraude al Estado, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública, según informó el diario Página 12.
Sin imputados aún, un dictamen del fiscal Carlos Stornelli abrió la pesquisa al comenzar la feria judicial de invierno, en base a una denuncia de los diputados Rodolfo Tailhade, Leopodo Moreau, Adrián Grana y Carlos Castagneto.
La causa en la que están involucrados el mismo Mauricio Macri, el actual ministro de Transporte Guillermo Dietrich y el ex titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, tuvo un fuerte impulso unos días antes de las PASO, con la declaración testimonial de la ex titular de Jurídicos de Vialidad, Julieta Ripoli, quien detalló las maniobras del Poder Ejecutivo para extender los contratos de ambos accesos a la Ciudad de Buenos Aires, sin llamado a licitación, y el reconocimiento a la empresa Ausol de 500 millones de dólares, a cambio de que desistiera de una denuncia millonaria contra la Argentina ante el CIADI.
Con la asunción del gobierno de Macri en 2015 y ante los inminentes vencimientos de los contratos -el de Ausol, en la Panamericana, vencía en 2020, y el de GCO, en el Acceso Oeste, en 2018- las empresas hicieron un reclamo administrativo para renegociar integralmente las condiciones de los acuerdos iniciales. El Gobierno habilitó la renegociación y prorrogó las concesiones hasta 2030, por diez y doce años, respectivamente. Pero esa prórroga fue irregular, ya que no hubo intervención del Congreso Nacional, se resolvió por decreto y sin llamado a licitación. Pero, además, en el nuevo contrato los beneficios otorgados por el Estado a las empresas fueron inusitados: dolarizaron las tarifas, que alcanzaron aumentos exorbitantes en los último tres años; garantizaron el flujo de tránsito pasante (si no pasa una determinada cantidad de autos por hora, el Estado paga la diferencia); establecieron al menos dos aumentos tarifarios por año, ajustados por inflación, y eliminaron la obligación de levantar las barreras si se superaba un tiempo de espera razonable, según Página 12.
El nudo del escándalo es que uno de las principales accionistas de Autopistas del Sol era, precisamente, el Grupo Socma (Sociedades Macri), cuyos papeles subieron un 400 por ciento tras la asunción de Macri como presidente y gracias a la extensión del contrato por diez años más. Cuando vendió las acciones, a mediados de 2017, Socma ganó casi 20 millones de dólares.
