El ex ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quedó involucrado en una denuncia ante la Oficina Anticorrupción (OA) por el presunto delito de “administración fraudulenta” dentro del Registro Nacional de los Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre). Abel Guerrieri (orgánico de la Sociedad Rural Argentina), quien ocupó la presidencia del organismo hasta el 20 de diciembre de 2018, rubricó al menos un contrato de manera directa por más de 9 millones de pesos con una empresa dedicada -supuestamente- a prestar servicios informáticos (Biesles SA) a pesar de haber sido objetada por los dos síndicos del organismo en representación del Estado, Diego Cimoli y Sara Gatti.
Luego de haber elevado un informe interno dentro de la cartera laboral -que nunca contó con una respuesta formal de Triaca-, Guerrieri y Erica Vanesa Utrera, orgánica de la Uatre y empleada del área administrativa y legal del Renatre, fueron denunciados ante la OA por los delitos de “tráfico de influencias” y “administración fraudulenta” a partir de las sistemáticas erogaciones hacia una “empresa fantasma”. La denuncia ante la entidad que conduce Laura Alonso sugiere que Triaca sea investigado administrativa y penalmente por su inacción ante los informes críticos de los dos síndicos.
“El Renatre contrató primeramente en forma ilegítima a una empresa para que audite sus sistemas, y rápidamente la volvió a contratar para que le confeccione una gestión integral en la Secretaría de Informática, y además confeccione una solución tecnológica en materia de fiscalización. También se la contrató por urgencia y necesidad, lo que es una falacia a todas luces”, sostiene la denuncia realizada formalmente ante la Oficina Anticorrupción.
