viernes 22 de marzo de 2024
Investigación

Citan a indagatoria a Caputo y Quintana por "tráfico de influencias"

El fiscal Federico Delgado investiga si los funcionarios cometieron irregularidades en el pago a los buitres y en el megacanje de las Lebac

Por Redacción El Ancasti

El fiscal federal Federico Delgado solicitó la indagatoria del ex ministro de Finanzas, Luis Caputo, del ex vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, del actual secretario de Finanzas, Santiago Bausili y del secretario de Legal y Técnica del Ministerio de Hacienda, Marcelo Eugenio Grii, por la comisión del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, y la posible comisión del delito de tráfico de influencias.

Desde 2016, el fiscal federal busca determinar si los funcionarios que participaron de la negociación con los "holdouts" cometieron irregularidades. También investiga el megacanje de letras del Banco Central por u$s 5000 millones de febrero de ese año.

En ambos casos resultaron elegidos entre otros el Deutsche Bank, y el JP Morgan Chase, bancos que fueron seleccionados en forma directa por las autoridades económicas. Para la fiscalía, resulta sospechosa la incidencia de los funcionarios en la emisión de bonos de deuda y la tenencia de ellos.

Según el dictamen, "cabe la posibilidad de que las personas antes mencionadas hayan tenido información privilegiada o bien que hayan ejercido algún tipo de influencia sobre la decisión de emitir aquella deuda que luego ellos mismos adquirieron con parte de su patrimonio".

Delgado menciona, además, una investigación del programa "Brotes Verdes", del canal C5N, que informó que Caputo poseía Lebac por $ 8.500.000 que decidió no renovar en noviembre de 2017, cuando el dólar cotizaba a un precio aproximado de $ 19. La moneda estadounidense subió en los meses siguientes hasta los $ 28.

El fiscal interpretó también que del análisis del currículum de Caputo, Quintana, Bausili y Grii surge claramente "una confusión de intereses" ya que se observa que trabajaron en el sector privado, precisamente en los bancos que fueron designados para la colocación de bonos de la deuda.

El dictamen enfatiza que del análisis de la "biografía laboral" de los funcionarios en cuestión, "surge con claridad una confusión de intereses derivada de una lealtad partida", habida cuenta de sus antecedentes en el sector privado. En esa línea, señala que "tenían compromisos específicos con algunos de los bancos que llevaron adelante la operación.

Esos compromisos generan un grado de sospecha sobre su imparcialidad". Y concluye: "Algunos funcionarios aprovecharon la ventaja derivada de su posición estratégica en el sector público y tomaron decisiones de inversión personales en base a información que conseguían a partir del conocimiento de las políticas que ellos mismos iban a adoptar".

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