El fallo del tribunal de arbitraje del Banco Mundial (Ciadi), que ordena a la Argentina a pagar 320,7 millones de dólares al Grupo Marsans por la expropiación de Aerolíneas en 2008 inició un fuego cruzado entre el gobierno y la oposición. Todas las miradas se focalizaron en la figura del actual vicepresidente de la línea de bandera, Siro Astolfi, quien fue uno de los abogados que patrocinó a Marsans en el inicio del juicio contra el Estado argentino.
Los derechos del juicio fueron luego vendidos al fondo buitre Burford Capital Limited, debido a que uno de los socios del grupo español está preso por defraudación en el país ibérico. De quedar firme la sentencia, Burford recibirá unos 140 millones de dólares, que le representará una ganancia de casi mil por ciento.
Además de Astolfi, se encuentra en la mira Diego Fargosi, hijo de Alejandro, abogado de Aerolíneas durante la gestión Marsans, y quien representó al PRO en el Consejo de la Magistratura, y actualmente integra el Directorio de AA.
Luego de varios años de vaciamiento de Aerolíneas, el gobierno dispuso en 2008 la expropiación de la compañía de manos de Marsans, que había vendido aviones, simuladores de vuelo, abandonó rutas y frecuencias para que sean explotadas por Iberia y dejó un enorme rojo presupuestario.
El 16 de diciembre de ese año, luego de que el Senado convirtiera en ley la expropiación del paquete accionario de Aerolíneas Argentinas (95 por ciento del capital de la compañía) y Austral (98 por ciento), Marsans, apuntalado por el estudio en el que se desempeñaba Astolfi, presentó un reclamo de indemnización por 1560 millones de dólares.
En ese momento, se inició una investigación para evaluar las condiciones en las que dejó Marsans la empresa. El resultado, que comunicó entonces el gobierno, es que el vaciamiento y las deudas ampliamente superaban cualquier demanda que exigiera Marsans.
El viernes pasado, casi una década después, el Ciadi dispuso que el Estado argentino deberá pagarle los 320 millones de dólares por la expropiación, más 23,76 millones por intereses y concepto de compensación por los daños causados; y otros 3,5 millones para cubrir los costos legales del demandante. “El demandado incumplió el artículo IV del Tratado al no haber entregado a las demandantes un trato justo y equitativo de sus inversiones”, adujo el Ciadi en su fallo a favor de una empresa cuestionada por corrupción en España, donde el dueño y ex hombre fuerte de la central empresarial española CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, está preso por delitos de corrupción.
“Astolfi se va a pagar a él mismo la comisión por los 320 millones”, dijo la diputada por el Bloque Justicialista, Graciela Camaño, en las redes sociales, en referencia e haber sido uno de los abogados que patrocinó a Marsans para iniciar el juicio ante el Ciadi.
El fondo especulativo Burford Capital estimó que por esta decisión obtendrá una ganancia de 140 millones de dólares. En un comunicado enviado ayer a sus inversores, indicó que se trata de una ganancia del 976,92 por ciento para los integrantes del fondo estadounidense especializado en litigios. Esto se explica, según el fondo, en que habría desembolsado unos 13 millones de dólares para financiar el litigio de Marsans ante el Ciadi. “El derecho de Burford depende de un número de variables que todavía no se conocen con precisión, pero está estimado en un rango de 140 millones de dólares”, fue lo que comunicó el fondo que también compró el juicio al grupo Petersen por la expropiación de YPF.
Christopher Bogart, director ejecutivo de Burford, reconoció que esa decisión no significa necesariamente que el monto de 320 millones de dólares será realmente pagado en su totalidad, dado que “existen varias vías para impugnar la decisión y el asunto aún no está libre de riesgo de litigio”. Bogart añadió que la decisión del Ciadi podría ser anulada por otro tribunal, que haya negociaciones, discusiones de acuerdos y descuentos que podrían reducir materialmente las cifras proporcionadas.
El fondo precisó que hasta el 30 de junio de 2017 había desembolsado en este juicio aproximadamente 13 millones de dólares, de los 30 millones que había previsto cuando tomó el control de la demanda contra el Estado argentino.