El juez federal Claudio Bonadio procesó ayer al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y le trabó un embargo por $1.000 millones, en el marco de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en los subsidios al gasoil, entregados a empresas de transporte de colectivos entre 2007 y 2012.
En la misma resolución fueron procesados los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y los ex integrantes de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) Roque Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro, a quienes también se le fijaron embargos sobre sus bienes de hasta 900 millones de pesos. Para todos ellos se estableció la prohibición de salida del país, la obligación de presentarse ante el Juzgado el primer día hábil de cada mes y concurrir a los Tribunales de Comodoro Py, para notificarse de la medida y el embargo dentro de las próximas 72 horas. Bonadio consideró probado que "entre julio de 2003 y marzo de 2014, abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban, los nombrados participaron en una maniobra ilegal a través de la cual se entregaron sistemáticamente, a empresas de transporte público automotor de pasajeros, subsidios superiores a los que correspondían". Por ello, ocasionaron un "perjuicio" a las arcas del Estado Nacional por "aproximadamente de $609.326.186, indicó Bonadio en su fallo, en el que los acusó de poner en funcionamiento y sostener en el tiempo, un sistema "destinado a permitir la maniobra, encubrirla, disimular su ilegalidad e intentar lograr la impunidad".
El nuevo procesamiento contra De Vido se produce luego de que del juez federal Luis Rodríguez pusiera un freno al pedido del fiscal Carlos Stornelli, para pedir su desafuero en la Cámara de Diputados y su detención por un fraude contra el Estado de al menos $264 millones destinados al complejo Río Turbio.
11 de julio de 2017 - 04:08