El constitucionalista Andrés Gil Domínguez presentó una denuncia contra el Estado nacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por "violación del derecho de las víctimas” del terrorismo de Estado, al aplicar la Corte Suprema de Justicia el beneficio del 2x1, a un represor condenado por delitos de lesa humanidad.
Gil Domínguez convocó además a que "víctimas, familiares de víctimas, organizaciones de derechos humanos, Colegio Público de Abogados y demás personas y organizaciones interesadas”, hagan presentaciones similares ante la CIDH.
La denuncia fue la primera que se presentó ante la CIDH, luego de que la Corte Suprema resolviera el miércoles pasado beneficiar, con la aplicación de la Ley del 2x1, al represor Luis Muiña, condenado en 2013 a 13 años de prisión, por cinco casos de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos. La medida se suma a la que anunciaron la asociación de Madres de Plaza de Mayo y diputados del Frente para la Victoria, que anunciaron pedirán juicio político para los jueces que avalaron el beneficio.
En un fallo dividido, los jueces Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz aplicaron la Ley del 2x1, que estuvo vigente entre 1994 y 2001. Los jueces Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda habían planteado su voto en disidencia y sostuvieron que ese beneficio no es aplicable a delitos de lesa humanidad.
"El fallo de la Corte en la causa de Luis Muiña violó el derecho de las víctimas contemplado en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Convención Interamericana sobre Desaparición de Personas, así como la jurisprudencia de la Corte Interamericana y la propia jurisprudencia de la Corte Suprema argentina, en la obligación que tienen los Estados de perseguir, juzgar y condenar penalmente a aquellas personas que fueron autores de delitos de lesa humanidad" dijo.
