La Corte Suprema de Justicia anunció que los casos que aún tiene en trámite por la aplicación del 2x1 en el cómputo de las condenas por delitos de lesa humanidad serán evaluados ahora a partir de la nueva ley sancionada por el Congreso de la Nación.
En un breve comunicado, el máximo tribunal informó que instruyó a la Secretaría del Tribunal a que "reúna los expedientes" en trámite y que en la semana próxima "se procederá a correr vista a las partes, por el plazo de diez días, para que se expresen sobre la aplicación de la ley 27.362".
La Corte se pronunció de esta forma luego de que el presidente Mauricio Macri promulgara la ley aprobada por el Congreso en tiempo récord esta semana, que excluye a represores del beneficio del 2x1, mediante el decreto 329/2017 publicado en el Boletín Oficial.
La ley 27.362 establece que el cálculo del 2x1 "no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o internacional".
La norma determina también que el cómputo de penas de 2x1 "será aplicable solamente a aquellos casos en los que el condenado hubiere estado privado de su libertad en forma preventiva durante el período comprendido entre la entrada en vigencia y la derogación de aquella ley", es decir entre 1994 y 2001.
El Congreso también determinó que esa limitación en la aplicación del 2x1 "será aplicable aún a las causas en trámite".
Pronunciamiento
Luego del escándalo generado por la afiliación de represores al beneficio del 2x1, la Corte Suprema de Justicia prepara un nuevo pronunciamiento que actúe como una refundación del cuerpo.
Los miembros del tribunal se reunirán a partir de la semana próxima para alumbrar dentro de algunas semanas otro fallo en torno al 2x1, cuya premisa será la obtención del consenso de todos sus miembros y la recuperación de credibilidad política.
Tras la sentencia varios referentes realizaron presentaciones para pedir juicio político contra los tres miembros de la Corte, Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco, que beneficiaron al genocida Luis Muiña.
