26 de febrero de 2017 - 10:39
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La AFIP detectó más inmuebles que la familia Kirchner no informó
La ex familia presidencial es dueña de por lo menos otro inmueble en Río Gallegos sobre el que jamás informó al organismo
Los sabuesos fueron más lejos. Cruzaron los registros que la Justicia obtuvo durante los allanamientos con los datos de la AFIP y detectaron que los Kirchner informaron nueve inmuebles para alquilar, pero que (además del que hasta ahora no había sido informado), otros dos abarcan en realidad cuatro departamentos cada uno. Así, los nueve inmuebles originales serían, en realidad, 16 propiedades en total.
Los técnicos de la AFIP detallaron que el inmueble sin declarar al fisco a nombre de Los Sauces SA queda en el número 66 de la calle 25 de Mayo de Río Gallegos y los Kirchner se lo compraron a Austral Construcciones, de Lázaro Báez.
Por lo pronto, el informe expuso que Los Sauces facturó más de $ 22,2 millones entre 2009 y 2014 si se cuenta sólo a sus tres inquilinos más sustanciosos: Báez (que desembolsó $ 5,8 millones más IVA a través de sus constructoras Loscalzo y del Curto, y Kank y Costilla), Cristóbal López (que pagó $ 14,3 millones, más IVA, por medio de Inversora M&S y Alcalis de la Patagonia), y la firma Solvencia Crediticia SA (más de $ 1,8 millón, más IVA; es decir, unos $ 2,2 millones), a pesar de que no registraba movimientos, según el Banco Central (BCRA), ni presentaba balances, por lo que la Inspección General de Justicia (IGJ) la declaró inactiva.
A esas primeras cifras, sin embargo, debe sumarse la facturación de 2015 y 2016. Registró otros $ 8,8 millones de López (también vía Alcalis e Inversora M&S, la firma que canalizó los $ 8000 millones que le adeuda a la AFIP), pero sólo $ 631.766,97 de Báez (con Kank y Costilla, y Austral Construcciones), justo cuando el ex empleado del Banco de Santa Cruz ya afrontaba múltiples problemas.
Así, entre 2009 y 2016, los ingresos de Los Sauces superaron un total de $ 31,6 millones, de los que López abonó el 73% ($ 23,1 millones) y Báez otro 20,2% ($ 6,4 millones), en línea con lo que expuso el peritaje contable que también requirió Bonadio y trascendió a mediados de enero. Pero con una diferencia: mientras los peritos basaron su análisis en los registros contables que se llevó la Justicia de varios allanamientos, los sabuesos cruzaron y cotejaron esos registros con los datos disponibles en las bases de la AFIP, sujetas al secreto fiscal.
Fuente: La Nación
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