Aunque consiga volver "a foja cero” en el acuerdo por la deuda del Correo Argentino con el Estado, Mauricio Macri no podrá hacer borrón y cuenta nueva en Comodoro Py, donde avanzará la causa en la que quedó imputado junto con el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y su director de Asuntos Jurídicos, Juan Mocoroa, quien actuó en la negociación.
La investigación penal parte de la base de que, más allá de la suerte que corra, el convenio se hizo y una fiscal mostró que es ruinoso y abusivo para el Estado al generar una condonación de la deuda del 98,82 por ciento en favor del Grupo Macri. Lo que debe desentrañar es si hubo un fraude (o cuanto menos una "tentativa”) a las arcas públicas; si existió algún perjuicio previo relacionado con la deuda histórica que data de 2001; quiénes son los dueños del Correo y de las empresas que lo controlan (Sideco/Socma) y cómo es la participación de cada miembro de la familia Macri, y si hubo alguien ligado al Poder Ejecutivo que haya sido instruido para ejercer tráfico de influencias y conseguir un pacto favorable a la empresa.
El fiscal Juan Pedro Zoni pidió el secreto de sumario y el juez Ariel Lijo ordenaría las primeras medidas esta semana. A este expediente se sumarían otros dos. Uno de ellos es el impulsado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que hace denuncias cuando sospecha fuertemente que se cometieron delitos.
La clave de la investigación penal está en el primer dictamen de la fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín, sin el cual el acuerdo iba camino a concretarse. Hasta ahora fue homologado en primera instancia pero la Cámara debe aprobarlo, aunque hay que ver qué hace el gobierno para volverlo a "foja cero”.
"La transacción aceptada –a más de perjudicar los intereses del Estado Nacional, lo que la hace inadmisible– podría implicar un beneficio directo para la concursada, en el cual integrantes de la familia del Presidente de la Nación tendrían intereses económicos directos o indirectos”, denunciaba el planteo de Boquín. "Deberá determinarse por parte de los organismos con competencia específica, si estamos frente a una simple irregularidad funcional, por actuación con culpa o negligencia o bien ante el cumplimiento de una instrucción, emanada de autoridad de jerarquía superior, orientada a satisfacer intereses privados por sobre los públicos que deben en todo caso prevalecer”, advertía.
Cuando decidió abrir la investigación e imputar a Macri, Aguad y Mocoroa (aclarando que la lista se puede ampliar) el fiscal Zoni anunció que investigará todo el proceso concursal del Correo que lleva más de 15 años y "en el cual se observa un perjuicio patrimonial multimillonario a las arcas del estado y en el patrimonio de los acreedores minoritarios”.
La fiscal Boquín también advirtió que un grupo significativo de acreedores estaría controlado también por el grupo Macri, lo que explicaría que no hayan cuestionado el acuerdo y que hubo un proceso de "manipulación de las mayorías”.
Zoni señaló que va a investigar a todos los funcionarios que actuaron "a lo largo de la totalidad de la tramitación del proceso judicial aludido en el cual se observa que el interés público no ha sido protegido”.