Los dirigentes kirchneristas Martín Sabbatella y Gabriela Cerruti denunciaron penalmente a Mauricio Macri y al ministro Oscar Aguad por un acuerdo entre el Estado nacional y el Grupo Macri que podría beneficiar al padre del presidente. La causa quedó a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Juan Pedro Zoni.
La presentación penal es por "fraude en perjuicio de la Administración Pública” y "negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones pública” y también incluye a Juan Manuel Mocoroa, Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones y encargado de cerrar el trato.
El cuestionado acuerdo es una propuesta de la empresa Correo Argentino al ex concesionario del servicio, el Grupo Macri, que según la fiscal general Gabriela Boquín implicaría una quita de deuda de unos 70 mil millones de pesos a 2033.
Según se relatan en el escrito, en la última mediación entre el Estado y el Grupo Macri por la deuda que mantenía por el Correo, Mocoroa "siguiendo" instrucciones "de sus superiores jerárquicos (el ministro Aguad y el presidente Macri)", realizó "en el acto una contrapropuesta, que luego de un breve cuarto intermedio fue aceptada por el deudor".
Más denuncias
Por otra parte en el tribunal de Comodoro Py se presentaron en total cuatro denuncias penales ayer contra el Gobierno por este caso.
Los diputados nacionales del Frente para la Victoria Héctor Recalde, María Teresa García, Eduardo "Wado" De Pedro, Andrés "Cuervo" Larroque, Mayra Mendoza, Josefina Fernández, Luana Volnovich y Rodolfo Tailhade se sumaron a la polémica y elevaron una denuncia penal contra el presidente Mauricio Macri, el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, y el director de Asuntos Jurídicos de ese Ministerio, Juan Carlos Mocoroa, por presunta "defraudación contra la Administración Pública".
Además, los abogados Ricardo Mussa y Daniel Igolnikov, ingresaron sus denuncias contra el Presidente, Aguad y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, por supuesto "incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito".
Acuerdo
El dictamen que rechaza el acuerdo de la fiscal general Gabriela Boquín, sostiene de acuerdo a cálculos realizados por la Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración, el acuerdo implicaría una quita de más de 4.000 millones de pesos ahora y de más de 70.000 millones a 2033.
Fiscal especializado inicia investigación preliminar
El fiscal la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, inició una investigación preliminar sobre el acuerdo entre el gobierno nacional y la empresa Correo Argentino S.A., a fin de determinar si existe delito.
"La investigación puede desembocar en distintas alternativas. Puede ser que no exista irregularidad, que exista un delito penal y la otra alternativa es que puede constituir una irregularidad administrativa, causal de alguna sanción", explicó el fiscal.
En declaraciones afirmó que "esto es algo previo a un expediente en un juzgado".
Rodríguez señaló que su par de Cámara del fuero comercial Gabriela Boquin, quien pidió rechazar el acuerdo del Gobierno con Correo Argentino S.A. por considerarlo "abusivo", le entregó "una copia del caso para determinar si se dan los requisitos para hacer alguna actuación".
"Nosotros tenemos una competencia penal y una administrativa. Llegó éste oficio, abrimos una investigación preliminar y estamos analizando el curso de acción a seguir", subrayó el fiscal.
Tráfico de influencias
A la vez, consideró que "puede haber habido algún tipo de tráfico de influencias, no se descarta, es uno de los temas a considerar".
"Estamos analizando todo lo que surge del dictamen, si hubo fraude a la administración pública o si quién actuó en representación del Estado nacional tenía la competencia de hacerlo", resaltó Rodríguez.
Y agregó: "Para determinar si hubo un prejuicio al Estado hay que ver los números. Lo que hay que ver es porque ésta propuesta no fue aceptada los años anteriores y ahora si, con una modificación mínima".
