La Corte Suprema de Justicia se expidió ayer sobre la situación de Milagro Sala y, si bien confirmó su prisión preventiva, ordenó que se cumpla el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se le otorgue "con urgencia" el arresto domiciliario.
Luego de un año, la Corte resolvió rechazar por unanimidad la presentación realizada por la defensa de Sala contra la decisión del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy, que había convalidado la prisión preventiva.
No obstante, los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti dispusieron que debe cumplirse el fallo de la Corte IDH que determinó que Sala debe tener prisión domiciliaria y dejar el penal de Alto Comedero donde se encuentra detenida. Carlos Rosenkrantz, en tanto, votó por remitir la causa para que se pronuncien los tribunales inferiores sobre lo ordenado por el órgano internacional. De esta forma, la Corte Suprema requirió a las autoridades judiciales a cuya disposición está detenida Sala que, "con urgencia", se cumpla con la decisión "dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pasado 23 de noviembre, que resolvió que debe sustituirse la prisión preventiva por la medida alternativa de arresto domiciliario o por cualquier otra medida menos restrictiva".
Los magistrados afirmaron que el fallo de la Corte IDH "impone a la Corte Suprema como órgano supremo de la organización judicial argentina la obligación de adoptar las medidas conducentes, que, sin menoscabar las atribuciones de otros poderes, tienden a sostener la observancia de la Constitución Nacional". En tanto, en el mismo fallo, los jueces dejaron firme la resolución del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, que convalidó la prisión preventiva de la dirigente social, ordenada por existir riesgo de obstaculización del proceso en el que se le imputó la comisión de los delitos de asociación ilícita en carácter de jefa, fraude a la administración pública y extorsión.
En su recurso extraordinario ante la Corte, la defensa de Sala había argumentado que su detención preventiva "era arbitraria", al alegar que no había elementos para justificar la existencia de riesgo procesal. En su decisión, el máximo tribunal descartó este cuestionamiento y consideró que está "justificada" la decisión del Superior Tribunal de Jujuy.
Concluyó que "la prisión preventiva fue justificada en la existencia de un entramado organizacional a disposición de la imputada, presuntamente utilizado para infundir temor por las consecuencias adversas".