Los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron que la ex presidenta Cristina Kirchner y otros ex funcionarios de su Gobierno sean enviados a juicio oral y público por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz en perjuicio del Estado Nacional.
El pedido fue realizado al juez federal Julián Ercolini luego del planteo de las querellas de la causa, la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), y todo indica que antes de fin de año el caso pasará a un Tribunal Oral Federal.
La solicitud incluye a tres ex funcionarios que permanecen detenidos por otras causas, el ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido; el empresario Lázaro Báez; al ex secretario de Obras Públicas José López; al ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Carlos Santiago Kirchner; el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti; y a Martín Báez hijo del empresario relacionado con Néstor Kirchner.
"Se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Antonio Báez, lo que representó la contratación del Estado por más de 46 mil millones de pesos", sostuvieron los fiscales en el requerimiento.
En ese sentido, aseguraron que se trató de una maniobra con una "estructura coordinada de personas, con división de roles y permanencia en el tiempo por más de diez años, que le permitió a sus responsables sustraer de las arcas públicas miles de millones de pesos a través de la obra pública vial".
Además, señalaron que los fondos millonarios que eran girados a Valle Mitre, empresa de Báez, eran "remitidos mensualmente como dinero limpio en concepto de canon locativo a los ex presidentes y a sus hijos" por el alquiler de plazas hoteleras.
"Santa Cruz lejos de ser beneficiaria de una legítima política del gobierno federal, fue el escenario escogido para el obrar mancomunado ilegal de un grupo de funcionarios que comandados por los titulares del Poder Ejecutivo Nacional, utilizaron la propia burocracia estatal para proveer los fondos a dicha provincia, para que una vez allí, llegara a manos de Lázaro Báez", subrayaron los fiscales.
Según indicaron, el 80% de la obra pública en esa provincia quedó en poder de ese empresario, quien además fue beneficiado con la falta de control sobre el avance de las obras y el adelantamiento de los pagos."Se le atribuye que mientras se desempeñó como Presidente de la Nación entre los años 2007 y 2015 continuó con la dirección, ejecución y subsistencia de la matriz de corrupción en la obra pública vial que venía desarrollándose desde la Presidencia de Néstor Kirchner y de la que había participado en la ideación y conformación.
