La Cámara Federal de Casación Penal confirmó ayer el procesamiento y el embargo de 10.000 millones de pesos sobre la ex presidenta Cristina Kirchner, en el marco de la investigación por el supuesto direccionamiento de la obra pública durante su Gobierno a favor del empresario Lázaro Báez.
Fuentes judiciales informaron que la Sala IV, integrada por los magistrados Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, rechazó tres recursos de queja en la causa, dos presentados por Báez y uno por la ex mandataria.
Las apelaciones de Báez y Cristina Kirchner fueron contra el fallo de la Cámara Federal que en segunda instancia había ratificado las acusaciones contra los imputados.
En la causa también están procesados el ahora detenido ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, y el ex secretario de Obras Públicas José López, ambos alojados en el penal de Ezeiza.
Al ser confirmados los procesamientos y embargos, el juez federal Julián Ercolini ya cuenta con la posibilidad de enviar a juicio oral y público la causa por el supuesto direccionamiento de la obra pública.
En ese sentido, el magistrado ya corrió vista a la Fiscalía, a la querellante Oficina Anticorrupción (OA) y a la Unidad de Información Financiera (UIF), para que opinen si la causa está en condiciones de pasar a la instancia de juicio oral.
Días atrás, el fiscal del caso, Gerardo Pollicita, pidió la incautación de varios bienes de los imputados para cumplir con los embargos dictados, y también que se disponga la apertura a las cajas de seguridad que tienen a su nombre.
En el mismo fallo, el Tribunal ratificó los procesamientos de De Vido, López, Alberto Periotti, y de Carlos Kirchner, primo de Néstor Kirchner.
En tanto, revocó la falta de mérito sobre el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y lo procesó como coautor del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, otro de los delitos que pesan sobre Cristina Kirchner.
