El Gobierno nacional apeló con "pedido de efecto suspensivo" el fallo de la Justicia federal de la provincia de Córdoba que dispuso el amparo al aumento de tarifas del gas para los usuarios comerciales, al argumentar que se trata de un servicio público que depende de la recaudación tarifaria para su funcionamiento.
Fuentes del Gobierno nacional confirmaron a Télam la presentación de la apelación realizada por la delegación local de la Procuración del Tesoro, ante el titular del Juzgado Federal 3 de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, quien a comienzos de semana hizo lugar al amparo solicitado por la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme).
Vaca Narvaja confirmó que recibió formalmente la apelación interpuesta por el Estado nacional contra su fallo por el amparo, y anticipó a Télam que elevará "de inmediato” la presentación oficial a la Cámara Federal.
El Gobierno solicitó, además, el efecto suspensivo del amparo, es decir que hasta tanto las instancias judiciales superiores puedan resolver la cuestión de fondo se permita a las distribuidoras continuar con la facturación y el cobro de los servicios ya prestados con los cuadros tarifarios vigentes desde el 1° de abril y el tope del 500%.
Entre los argumentos expuestos por el Gobierno en su recurso de apelación se destaca que la provisión de gas natural es un servicio público que depende de la recaudación tarifaria para su funcionamiento y su interrupción generaría una gravedad institucional importante.
La presentación también planteó que el magistrado no realizó un análisis de fondo de la situación en que se encuentra el servicio de gas natural, lo que requiere una interpretación técnica para poder afirmar si se trata de un aumento abusivo o no, tal como planteó la entidad que nuclea a las pequeñas y medianas empresas.
El tercer aspecto cuestionado por el Gobierno nacional al magistrado cordobés es que haya otorgado a la asociación Apyme la representación colectiva de todas las pequeñas y medianas empresas del país, por lo cual el amparo tiene alcance nacional.
Sobre ese mismo punto, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios destacó que el magistrado resolvió no dar lugar al recurso de aclaratoria interpuesto por el Enargas, según el cual no es posible determinar el universo de usuarios alcanzados por la demanda cautelar presentada por APYME contra el cuadro tarifario del gas.
A pesar de la actual coyuntura judicial, fuentes oficiales aseguraron que ninguna de las nueve distribuidoras de gas natural que cubren el territorio nacional está refacturando los consumos de los últimos meses con las tarifas previas al 1 de abril, lo que si ocurrió en el caso de los usuarios particulares tras el fallo de la Corte Suprema del 18 de agosto.
