Desde que asumió, la administración macrista le atribuyó un rol fundamental a la oficina de Defensa de la Competencia. Otras gestiones lo hicieron con igual o mayor vehemencia verbal...y pasó poco y nada. O lo que pasó estuvo más vinculado a disciplinar empresarios amigos y/o enemigos que a generar real competencia en beneficio de la gente.
Un caso emblemático fueron las sanciones fallidas que el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno buscó aplicarle a la petrolera Shell que manejaba entonces Juan José Aranguren. Mucha guapeza en los medios, pero que la Justicia desestimó por inconsistente.
El paso que dará hoy el oficialismo será a las 15 en el Congreso. La puesta en escena es completa: habrá representantes de las tres principales fuerzas que componen el interbloque de Cambiemos en Diputados (Nicolás Massot, por el PRO; Mario Negri, por la UCR; Elisa Carrió, por la Coalición Cívica) y los dos principales funcionarios del área (el ministro de Producción, Francisco Cabrera; y el secretario de Comercio, Miguel Braun).
El proyecto que presentarán mezcla iniciativas anteriores de Carrió y Negri. Consta de 91 artículos y estas son las principales claves:
- Se propone la Creación de la Autoridad Nacional de Competencia, como un organismo descentralizado e independiente. Estará integrado por un Tribunal de Defensa de la Competencia que tendrá cinco miembros elegidos por cinco años y dos Secretarías de Instrucción. Todos los funcionarios serán seleccionados por concurso.
- Contempla tres tipos de sanciones disuasivas: 1) criterio del beneficio ilícito sancionando con un tope de hasta el doble del beneficio obtenido ilícitamente como resultado de la conducta anticompetitiva; 2) criterio porcentual de hasta 30% del volumen de negocios en los mercados afectados, multiplicado por el número de años de duración de dicho acto; o hasta el 30% del volumen de negocios consolidado a nivel nacional del grupo económico durante el último ejercicio; y 3) criterio monetario: multa de hasta 200 millones de Unidades Móviles (equivalente a $3.000 millones ajustables por IPC).
- También incluye una suerte de figura del "arrepentido", ya que impulsa un "beneficio de exención o reducción de sanciones administrativas y civiles" para las empresas que adhieran al "Programa de Clemencia para detectar Carteles", en la medida en que aporten pruebas que permitan sancionar a los miembros del Cartel.
Según argumentan en el oficialismo, "los Programas de Clemencia han demostrado ser el instrumento más efectivo para detectar y sancionar Carteles a nivel internacional (Estados Unidos, Unión Europea, Brasil, Chile, México). Está diseñado de forma tal que genera incentivos claros a delatar Carteles. Por ejemplo, se dará exención total al primero que se adhiere y reducción parcial para los siguientes".
- Se crea la Subsecretaría de Fomento a la Competencia que tendrá como funciones: Impulsar investigaciones, realizar estudios sectoriales de competencia, promoción de la competencia en distintos mercados, capacitación de funcionarios de los distintos poderes, elaboración de indicadores de comportamiento competitivo de mercados, e informar al Congreso sobre la gestión en la materia.
Fuente: Clarín