El Gobierno pospuso la mesa de discusión sobre un nuevo régimen de coparticipación, con la que espera unificar las erogaciones para las provincias que contemplan también los giros por las retenciones a la soja y para educación, hasta que el Congreso sancione el nuevo esquema de retenciones por el impuesto a las Ganancias.
Según anticiparon a Télam funcionarios del Ministerio de Interior, que depende del ministro Rogelio Frigerio, "cuando se sepa cuánto se recaudará se podrá discutir la nueva distribución", aunque eso implique una postergación de la mesa de debate entre la Nación y los gobiernos provinciales que había sido anunciada en la Carta de Intención firmada el 2 de agosto pasado en la cumbre que tuvo lugar en la Casa Rosada.
El meollo de la cuestión es que el impuesto a las Ganancias, junto con el IVA, es coparticipable, por lo que una menor recaudación implicará inexorablemente menos transferencias a las provincias, motivo por el cual -en voz baja- los gobernadores apoyan al gobierno nacional en su baja de impuestos mucho mas gradual de lo prometido en la campaña.
"No puede ser que el ministerio nacional defina paritarias para 24 provincias con realidades diferentes y fije pisos salariales que el gobernador luego debe cumplir", explican desde Interior, aunque admiten que es un asunto sensible por el rol de los sindicatos y el cuidado a aumentar la disparidad de los sueldos entre las regiones.
El aumento en la coparticipación previsto en el presupuesto 2017 está contemplado por la devolución del 3% anual de la deuda con las provincias a partir del fallo de la Corte Suprema (para el año que viene ya serían 6 puntos, si se suman los devueltos en 2016), aunque la Nación igual quiere que para "el año que viene y después de las elecciones, con el nuevo Congreso y consenso con gobernadores, se pueda aprobar la nueva ley".
Ese nuevo régimen de coparticipación vendría a reemplazar la actual ley 23.548, sancionada en 1988 y que estableció que, del total de recursos nacionales recaudados, el 42,34% sería retenido por el gobierno nacional y el 57,66% iría a las provincias (56,66% de manera automática y 1% como aportes del Tesoro), aunque durante el gobierno kirchnerista esa proporción llegó a alcanzar 75% a favor del poder central.
