El fiscal dictaminó ante el juez federal Claudio Bonadío que además de Fernández, deben ser enviados a juicio el ex ministro de Salud de la Nación, Daniel Gollán, y su ex viceministro, Nicolás Kreplak, según la resolución a la que accedió Télam.
También serán juzgados los empresarios que resultaron beneficiados con una licitación que para la fiscalía estuvo "direccionada desde su principio" y que validó el pago de "precios excesivos en detrimentro de la administración pública".
En el caso de los ex funcionarios, el fiscal los acusó por defraudación a la administración pública, abuso de autoridad y violación de deberes.
En el caso de Fernández, fue firmante junto a Gollan de la adjudicación de la licitación para proveer los kits para recién nacidos mientras que Kreplak fue el impulsor del programa.
Durante la investigación se determnó que hubo un "perjuicio económico considerable a las arcas del Estado en tanto permitieron la afectación abusiva de una partida presupuestaria por un monto de $ 1.097.259.250 (para 140.000 kits) cuando la prevista originalmente para la operación era de $ 675.000.000 (para 150.000 kits)".
Los empresarios acusados pertenecen a Compañía Narciso SRL, Grupo Diela SRL, Dromotech SA, Fibromad SA, Delta Obras y Proyectos SA y Fassano SRL. y se determinó que en algunos casos compraron lo necesario para el kit antes de ganar la licitación y que por ejemplo, todos acudieron a un mismo proveedor el mismo día para hacerse de uno de los elementos.
También que esas empresas actuaron de manera coordinada a la hora de presentar sus ofertas.
Según la fiscalía, estas firmas fueron beneficiadas con una decisión que estaba tomada de antemano y proveyeron al Estado los kits por un valor de 7900 pesos cada unidad, cuando en el mercado se conseguían por 4000 pesos.
La causa se inició por una denuncia de la legisladora Graciela Ocaña.
Los 18 acusados tienen procesamiento confirmado en la Cámara Federal porteña desde abril pasado y se consideró probado que el armado del kit se otorgó a empresas sin experiencia en el rubro y con precios abusivos.
El kit contenía una cuna armable y otros elementos que fueron denunciados como inseguros por expertos que declararon en la causa por lo cual el plan fue derogado en el Gobierno actual.
Bonadio pedirá opinión ahora a las defensas de los acusados sobre el envío de la investigación a juicio oral y luego tomará una decisión al respecto.
En la causa se tuvo en cuenta que la Sindicatura General de la Nación hizo un informe de cotización que ponía un precio testigo de 4 mil pesos por kit pero los entonces funcionarios avalaron ofertas promedio or 7800 pesos, tres mil pesos más.
Facturas secuestradas en la causa a firmas proveedoras en distintos allanamientos permitieron comprobar sobreprecios y que "al menos ocho de los elementos del kit duplican y hasta cuadriplican su valor de compra", se advirtió.
El fiscal pidio además enviar a juicio a los ex funcionarios de Salud Ana Viana, Fanny Lamas, Juan Carlos Piccolini y a tres integrantes de la dirección general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, Alicia Atensio, Claudia Esteban y Carlos Tejada.
En la causa Bonadio había procesado al ex ministro de Salud de la Nación y actual gobernador de Tucumán Juan Manzur pero la sala II de la Cámara Federal revocó esa decisión y le dictó falta de mérito por entender que actuó en la primera etapa de la licitación, cuando "aún no se advertía el direccionamiento a favor de las firmas" que la ganaron, por lo cual no fue incluido en el dictamen emitido por Taiano.
Aníbal Fernández está procesado en esta causa y en la que investiga desvío de fondos en el programa Fútbol para Todos y además es investigado por el otorgamiento supuestamente irregular de subsidios a la Confederación Argentina de Hockey.
