El Gobierno modificó ayer el Presupuesto Nacional en virtud de destinar $ 11.500 millones a subsidios energéticos, tanto para las compañías privadas como para los consumidores, en los servicios de electricidad y gas, para lo cual recortó en $ 10.600 millones las partidas para la compañía estatal Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa).
Lo hizo a través de la Decisión Administrativa 886/2016 publicada ayer en el Boletín Oficial, que lleva las firmas del jefe de Gabinete, Marcos Peña; del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay; y el de Energía y Minería, Juan José Aranguren.
En la misma se explica que la modificación se realiza para efectuar "transferencias a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa) y propiciar la cancelación de los pagos pendientes correspondientes a los Programas de Estímulo a la Inyección Excedente de Gas Natural".
El Gobierno resolvió otorgar $ 7.177.084.004 en transferencias a empresas privadas, en el marco de la planificación y coordinación estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas.
Del mismo modo, determinó que $ 1.531.941.094 irán al Fondo Fiduciario de Subsidio a Consumidores Residenciales, y otros $ 1.950.000.000 al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos. Por último, transfirió $ 841.690.000 a empresas privadas para la formulación y ejecución de la Política de Energía Eléctrica, con lo cual los montos de redistribución del Presupuesto totalizaron los $ 11.500.715.098.
Para compensarlos, redujo en $ 841.690.000 los adelantos del Ministerio de Energía para proveedores y contratistas a largo plazo, y recortó en $ 10.659.025.098 el presupuesto de Enarsa.
Audiencias y movilización
La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores convocaron ayer a una movilización para el 12 de septiembre, día en el cual se llevará a cabo la audiencia pública para tratar los cuadros tarifarios del gas.
Así lo anunciaron luego de que se oficializara la convocatoria del Enargas en el Boletín Oficial. En ese escenario, las organizaciones sindicales aseguraron que creen "pertinente seguir con más acciones para exigir que las audiencias públicas sean vinculantes".
