El ministro de Energía, Juan José Aranguren, firmó esta tarde la Resolución 129 por la cual se dispone un tope de 400 por ciento de incremento para las facturas de gas de usuarios residenciales y del 500 por ciento para los comerciales, tal como anunció ayer el Gobierno.
La firma de la nueva normativa se concretó luego de que el Gobierno presentó dos recursos extraordinarios ante la Cámara Federal de La Plata que disponía la suspensión de los aumentos de los servicios de gas y de electricidad.
La vigencia de esa medida cautelar dejaba sin vigencia el nuevo cuadro tarifario dispuesto por la resolución 31/2016, por lo cual una nueva resolución modificatoria era imposible de aplicar sobre una medida que se encontraba en suspenso por orden judicial. Fuentes oficiales explicaron que para el Gobierno la interpretación de la Corte de Justicia es que la sola presentación del recurso de apelación ante la Cámara Federal de La Plata pone efecto suspensivo al fallo que suspendió la aplicación de los incrementos del gas y la luz.
Intervención de la Corte
La Corte Suprema de Justicia ordenó ayer que el Estado Nacional, a través del Enargas, explique qué parámetros tuvo en cuenta para arribar al aumento de la tarifa del gas, algo que no implica un pronunciamiento específico sobre el fondo de la cuestión bajo análisis.
Ante un pedido de "per saltum" (salto de instancia) del Estado nacional, el máximo tribunal requirió, además, que, en el plazo de 10 días, informe si se ha considerado el establecimiento de bandas tarifarias según los ingresos del usuario y de los demás miembros del grupo familiar con el que cohabita. La Corte está decidiendo en diez días hábiles, por lo que teniendo en cuenta la inminente feria judicial de invierno, se estarían expidiendo en agosto sobre el tema.
La Corte también pidió información sobre "si se establecieron bandas tarifarias o segmentaciones según la distancia en relación con los centros de distribución y, en su caso, explique los fundamentos que justificarían esas modificaciones".
El Estado nacional pidió el "salto de instancia" ante medidas cautelares dictadas en el marco de una "acción declarativa de inconstitucionalidad" promovida como demandantes por "Ciudadanos del Sur de la Provincia de Mendoza".
Admiten un error
En conferencia de prensa el titular del Palacio de Hacienda, Alfonso Prat Gay, hizo ayer un mea culpa sobre la política tarifaria y admitió: "Quizás nos hemos equivocado en la identificación de quienes son los que pueden pagar la tarifa plena y eso es lo que estamos tratando de corregir. Pero como dije antes, en gas, en electricidad, y también en transporte la tarifa social cubre entre un 20% y un 30% de la población”.
Aunque se esmeró en despegarse de toda posible crítica por la invasión a otros poderes, y a pesar de que trascendieron reuniones y llamados del Gobierno al titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, Prat Gay insistió: "No interferimos más que con nuestro opinión cuando consideramos que tenemos que opinar”. Según Prat Gay no hubo una marcha atrás del Gobierno. "Tomamos la decisión correcta, ahora se cumplirá en su totalidad el tope del 400%”, aseveró.
