La Justicia hizo lugar ayer a una medida cautelar solicitada por la diputada y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y suspendió la actuación de Ricardo Echegaray "por tres meses" al frente de la Auditoría General de la Nación (AGN). De igual manera procedió el Congreso, cuyos presidentes firmaron para que sea apartado.
En su fallo, la jueza en lo contencioso administrativo federal Claudia Rodríguez Vidal remarcó que el procesamiento de Echegaray en la causa iniciada por el ministro Alfonso Prat Gay "es sustento adecuado para que cautelarmente se disponga la suspensión de sus funciones en el cargo de Presidente de la Auditoría General de la Nación". Y, a contramano del pronunciamiento del PJ, advirtió que "aun cuando aquella resolución adoptada en la causa penal no se encuentre firme, la misma resulta obstáculo para su permanencia al frente del aludido órgano de control y suficiente para adoptar dicho temperamento en el marco de este pronunciamiento de naturaleza meramente precaucional".
En la resolución, a la que tuvo acceso NA, se requirió además al Senado de la Nación, a la Cámara de Diputados de la Nación y a Echegaray que "dentro del plazo de cinco días" produzcan el informe con "la totalidad de la prueba de la que intente valerse" en el caso.
Carrió y el legislador Fernando Sánchez habían presentado la cautelar por la presunta falta de "idoneidad moral" de Echegaray para ocupar el puesto, informándole a la jueza sobre las indagatorias que debía prestar el ex funcionario ante los jueces Sebastián Casanello y Claudio Bonadío en distintas causas, aunque el planteo se produjo antes de que fuera procesado por falso testimonio y violación de secreto, al involucrar al actual ministro de Hacienda con maniobras de evasión de impuestos en el manejo de fondos de una cuenta radicada en Suiza.
Por su parte los presidentes del Senado, Gabriela Michetti, y de Diputados, Emilio Monzó, firmaron en la noche del jueves la resolución que dispone la remoción Echegaray.
Tras conocerse la decisión del magistrado, el oficialismo de la Cámara de Diputados y del Senado empezó a redactar el documento para desplazar al ex director de la AFIP del organismo de control.
Para la remoción se necesitaba la firma de ambos, que se concretó rápidamente, luego de la determinación de Bonadío.