La abogada y asesora de la diputada Margarita Stolbizer y denunciante de la causa Hotesur, Silvina Martínez, insistió en que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirfchner era "la jefa de la banda" de una presunta asociación ilícita, luego de haber ampliado su denuncia contra la ex jefa de Estado.
Al hablar en la noche del lunes en el programa Animales Sueltos, Martínez indicó que hicieron "una ampliación de denuncia en Hotesur y Los Sauces para que se investigue si hubo asociación ilícita".
Según la ex directora del Registro Nacional de Sociedades de la IGJ y actual asesora de Stolbizer, "hasta el 2010 era Néstor (el jefe) y luego Cristina. Así que planteamos que era un grupo de personas que sabían que se cometían delitos, se juntaban para eso, y daban obra pública para lavar dinero a través de inmuebles".
La letrada consideró que si bien "es muy difícil de probar (la asociación ilícita) ya está probada la mecánica, la operatoria" así como "la permanencia" del supuesto delito.
Sobre el secreto fiscal levantado por el juez Ercolini respecto de la familia Kirchner, Martínez explicó que la Justicia lo ordena "porque hay libros contables que desaparecieron" y aclaró que tras la medida judicial se recabará información "a través de las declaraciones juradas".
El lunes, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue denunciada por la diputada Stolbizer en las causas Hotesur y Los Sauces como supuesta responsable de una "asociación ilícita" formada para delinquir con la obra pública durante su gobierno, y en la presentación se afirmó que existía una organización "cuyos jefes o cabeza de la banda era la familia Kirchner".
La ampliación de denuncia fue presentada por la legisladora a través de su abogada, Silvia Martínez, en las causas Hotesur y Los Sauces, que investigan los jueces Julián Ercolini y Claudio Bonadio.
En este contexto, el juez federal Julián Ercolini ordenó levantar el secreto fiscal sobre la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sobre sus hijos Máximo y Florencia.
El requerimiento de datos fue realizado a la AFIP, que en un plazo de cinco días deberá remitir a la fiscalía decenas de reportes de cuarenta personas físicas y otras tantas sociedades, para que se analicen qué relaciones tienen entre sí, además de las declaradas.
